CASO LEZO

Imputados los colaboradores de Gallardón por la compra de Inassa

El presidente de Adif y el de la Cámara de Cuentas de Madrid, entre los investigados
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Presidente Adif

Juan Bravo, presidente de Adif, imputado por la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II. Fuente: Europa Press


Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Lezo, ha imputado a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de la filial Inassa en 2001. Entre ellos se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo (actual presidente de Adif), colaboradores cercanos al expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.


El magistrado atiende así a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba la imputación de algo más de una veintena de personas. Entre ellas están también el que fuera gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, así como Pablo López de las Heras y José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de Inassa, que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares.


Otros nombres son los de Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Austrán, Francisco Díaz –Latorre, Adriano García-Loygorry, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.


En el auto el juez explica que el resultado de la investigación practicada hasta el momento “evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición” de la sociedad colombiana Inassa.


El magistrado valora que existen “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprado y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM”.


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