La Fiscalía concluye: Josep Maria Jové, sí. Pere Aragonès, no

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Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía. Fuente: Europa Press


La Fiscalía Superior de Catalunya ha concluido que no ve indicios suficientes, por ahora, que permitan que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigue al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès (ERC), por presunta desobediencia en relación al 1-O. En cambio, no piensa lo mismo del diputado de Esquerra, Josep Maria Jové.


Así se pronuncia el Ministerio Público en un escrito en el que responde a la petición del TSJC, que le pidió que fijara posición sobre los republicanos tras recibir la exposición motivada del Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona para la imputación de estos dos diputados por su condición de aforados.


Exposición “excesivamente parca” del juez del 1-O


En el caso de Aragonès, el fiscal valora que no hay “indicios bastantes” para investigarle, aunque deja la puerta abierta para que, en las actuaciones que se abran en el TSJC, puedan determinarse en el futuro conductas delictivas del vicepresidente del Govern de Torra.


El juez del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, consideraba que el conseller de Economía, entonces secretario de Hacienda de Oriol Junqueras, podía haber incurrido en un delito de desobediencia y señalaba que no había hecho nada para impedir el referéndum ilegal.


No obstante, el informe firmado por el fiscal Pedro Ariche recoge que no es lo mismo la conducta de quien desde su “relevante posición en la administración” despliega su influencia para propiciar un acto prohibido, que el que se limita a no impedirlo.


Así asegura que la exposición de supuestos indicios del delito contra Aragonès que manifiesta el Juzgado nº13 “resulta excesivamente parca” más allá de reflejar la pasividad del político, por lo que se inclina por no investigarle si no aparecen nuevas pruebas.


Concierto de Jové para impulsar el referéndum


Por el contrario, sí considera que hay indicios de delito por parte de Jové, entonces secretario general de la Vicepresidencia de Junqueras que fue detenido el 20-S por su presunta implicación en la logística del 1-O y que era responsable de procesos electorales, y cree que el Alto Tribunal catalán debe investigarle por presunta malversación, prevaricación, revelación de secretos y desobediencia. 


En su caso, resuelve que el republicano no acató las resoluciones del Tribunal Constitucional y se concertó con otras autoridades y funcionarios para impulsar el referéndum, “todo ello con la inherente utilización de recursos públicos por él mismo gestionados”.


A Jové le intervinieron en un registro en su vivienda en Les Frasqueses del Vallès (Barcelona) el documento ‘Enfocats’ con la hoja de ruta del Procés, así como dos agendas Moleskine con notas sobre reuniones que, según el Juzgado nº13, “ponían de manifiesto su posición en el proceso soberanista”. En su texto, el juez Ramírez Sunyer indicaba que había indicios suficientes de la participación del exsecretario de Vicepresidencia “en la ideación, desarrollo y ejecución de la hoja de ruta hacia la independencia y proclamación de un nuevo estado”. 


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