La Policía Nacional registra Mediapro y dependencias de la Generalitat por el censo electoral del 1-O

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Jaume Roures

Jaume Roures, fundador de Mediapro. Fuente: Europa Press


La Policía Nacional está registrando dependencias de la Generalitat en el marco de una investigación sobre el censo electoral utilizado en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y ha detenido a una persona, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.


Los registros, que han sido ordenados por el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona, están teniendo lugar concretamente en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), en la conselleria de Economía de la Generalitat y también están registrando instalaciones de una filial Mediapro en Barcelona. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) solo mencionan el CTTI y Mediapro dentro de las diligencias. 


Fuentes de la conselleria de Economía han confirmado que los agentes están registrando el ordenador del jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, Daniel Gimeno, que está presente en el registro. Gimeno fue una de las 32 personas incluidas en el informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona por ser consideradas de “interés para la investigación” sobre la organización del referéndum ilegal. La lista se configuró a partir de los correos del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó.


Por otra parte fuentes de la investigación han indicado que esta operación es consecuencia de la que practicó la Policía Nacional el pasado 5 de diciembre en el Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT). Entonces también se buscó datos sobre el censo que usó el Govern de Carles Puigdemont para la celebración del 1-O.


Datos sobre Administració Oberta de Catalunya


En declaraciones a Rac1, el empresario y socio de Mediapro, Taxto Benet, ha afirmado que el registro en una división de la productora, concretamente en el servidor de Mediacloud, se ha realizado en torno a una hora. Según Benet, la Policía buscaba “datos de la Administració Oberta de Catalunya” que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, si bien ha dicho que no han encontrado nada de interés y no se han llevado nada.


El directivo ha destacado que el registro no tiene que ver con el trabajo de Mediapro y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: “El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner”.


Por medio de un comunicado, la productora ha recalcado que no se han registrado instalaciones de Mediapro, sino un servidor de Mediacloud, sin que se haya encontrado “información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material”. Mediacloud es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de hosting informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones públicas.



"No se ha detectado ninguna conectividad entre Mediacloud y la Administració Oberta de Catalunya (AOC)", ha asegurado Mediapro, que ha subrayado que esta empresa "no aloja ninguna base de datos de la AOC".


Jaume Roures, "elemento capital"


Cabe recordar que la Guardia Civil en un informe remitido al Tribunal Supremo situó al empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento 'Enfocats', considerado la hoja de ruta del Procés que fue confiscado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.


En el escrito, el Instituto Armado concluyó que la acción de comunicación fue clave y que para ellos los independentistas “se valieron de medios de comunicación social públicos y privados erigiéndose la figura de Jaume Roures Llor en elemento capital para la difusión”. 


Asimismo se recordó que fue precisamente Mediapro quien produjo el documental sobre el 1-O difundido por TV3 en el que se “difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista”, y fue la empresa que se encargó de habilitar el centro de prensa para la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. 


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