​Santi Vila dice a la juez que cumplía con las leyes catalanas en el caso de las obras de Sijena

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Santi Vila Sant Jordi

Santi Vila, exconseller de Cultura y de Empresa durante el Govern de Puigdemont, en la Diada de Sant Jordi de 2018. Fuente: Europa Press


El exconseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha alegado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Huesca que cumplió con la legislación catalana ante los mandatos judiciales que ordenaban la entrega de 44 obras originales del Monasterio de Villanueva de Sijena y depositados en el Museu de Lleida.


Lo ha dicho en declaraciones a los medios el exmiembro del Govern de Puigdemont, que ha tenido que declarar en el juzgado oscense en calidad de investigado este miércoles por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el regreso de las piezas de arte sacro.


Vila ha detallado que como representante de Cultura de Catalunya estaba “absolutamente obligado” a cumplir las leyes catalanas: “Hemos acreditado”, ha señalado, “que tan cierto como que tenía la voluntad de cumplir con las resoluciones judiciales, es que estaba absolutamente obligado a cumplir con la legislación catalana”.


En este sentido ha subrayado que él atendió a las leyes catalanas en materia patrimonial y de ley de museos. “Soy dos leyes que vinculan y justifican”, ha destacado el exconseller, que ha hablado también de su sucesor en el cargo, Lluís Puig, que huyó de Catalunya para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo por su participación en el Procés y que también había sido citado a declarar como investigado este miércoles en esta causa.


“Creo honestamente que hemos acreditado que ajustamos nuestra conducta a derecho, tanto yo mismo como el conseller Puig, y que por tanto ésta es una cuestión que, lamentablemente, se ha politizado mucho”, ha recalcado. Y ha añadido: “Es muy triste y lamentable que temas tan sensibles acaben en manos de los jueces, sería necesario solucionar más cosas políticamente”.


Tanto Vila como Puig podrían enfrentarse a una pena de hasta 15 años de inhabilitación y 3 de suspensión de cargo público, así como a una multa que podría alcanzar los 36.000 euros por el caso Sijena. Asimismo la incomparecencia de Puig, cuya defensa ha presentado un escrito alegando que se encuentra sometido a la jurisdicción del tribunal de Bruselas, podría llevar al abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, tal y como el letrado ha anunciado, a pedir una orden de detención contra él.


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