El Ministerio Público ha pedido al Juzgado de Instrucción nº1 de El Vendrell (Tarragona) que la investigación de las comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública sea asumida por la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción, por medio de un comunicado, ha informado de que ha solicitado la inhibición a favor de la Audiencia Nacional ya que, según su criterio, le corresponde instruir la causa porque se da una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y afectación a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
En el escrito el Ministerio Fiscal recuerda que el caso investiga la comisión de presuntos delitos de prevaricación, alteración de precios de concurso, cohecho, fraude contra la administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido. Destaca además que entre los investigados se encuentra el exdiputado en el Parlament y exconseller en la etapa Mas, Germà Gordó, y los extesoreros de Convergència, Daniel Osàcar –condenado por el caso Palau- y Andreu Viloca.
La Fiscalía afirma que en este causa, conocida como ‘caso 3%’, se han hallado un “elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta”, relacionados con licitaciones y concesiones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo el paraguas el CDC y de la Fundació CatDem.
Y añade que el que era administrador y tesorero “llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Fòrum Barcelona”.