El bloque del 155 se alía para pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalice las embajadas catalanas

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Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat. Fuente. Europa Press


La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, una petición para que el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda fiscalice la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017 y determine qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) que el Gobierno central liquidó hace dos semanas bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.


El texto, que ha sido debatido en una sesión a la que no ha acudido ningún representante de ERC ni del PDeCAT, ha contado con el rechazo de Unidos Podemos y del PNV, que han criticado el fondo de la propuesta del PP y han subrayado que, en todo caso, la encargada de fiscalizar la política exterior de la Generalitat sería la Sindicatura de Cuentas catalana.


Internacionalizar el Procés


El PP asegura que en los últimos años y especialmente este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar "la causa secesionista". En concreto, apunta, Catalunya llegó a contar con unas setenta oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155.


El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado 'popular' Jordi Roca, quien ha acusado a la Generalitat de "despilfarrar" dinero público en su acción exterior, ha recalcado que las elecciones del pasado 21 de diciembre evidenciaron el "fracaso" del Procés y ha añadido que "alguien debería pedir perdón" por todo ello, no sólo a los no independentistas, sino también a los defensores de la independencia.

Despilfarro para actividades ilegales


De su lado, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha puesto relieve la oportunidad de esta fiscalización, sobre todo, ha dicho, después de que el Tribunal Constitucional haya dejado claro que la política exterior es una "competencia exclusiva" del Estado que no se puede desarrollar desde las comunidades autónomas.


En este sentido, ha exigido que se analice si la Generalitat ha podido destinar dinero público a "actividades que no le son propias" y que pueden ser "ilegales". "Que se aclare, así todos estaremos más tranquilos y, si se han vulnerado las normas, que se repare lo antes posible", ha afirmado Hurtado.


"Si no se ha producido ninguna irregularidad no tienen nada que ocultar", ha señalado, por su parte, Raúl Ramírez, de Ciudadanos, quien ha asegurado que el Tribunal de Cuentas se perfectamente competente para determinar si se ha producido "un despilfarro" de fondo del Estado.


Quieren aniquilar las instituciones catalanas


Por contra, el diputado de En Comú Podem, Joan Mena, ha enmarcado esta iniciativa en la "estrategia punitiva de acoso, derribo y aniquilación" de las instituciones catalana que, a su juicio, ha puesto en marcha el Gobierno del "partido más corrupto de Europa".


"Ustedes no tienen credibilidad para hacer este tipo de propuestas porque son los campeones de la malversación", ha soltado a los 'populares', a los que ha recordado que los catalanes les han situado "en la marginalidad" enviándoles al Grupo Mixto del nuevo Parlament.


Con argumentos similares, la senadora del PNV, Dolores Etxano, ha planteado que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias para examinar este asunto y ha acusado al PP de pretender "instrumentalizar" este órgano. Además, ha glosado las bondades de la economía catalana y ha pedido al Gobierno que ponga "fin al enfrentamiento" y apueste por el diálogo para resolver el conflicto catalán.


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