La Guardia Civil apunta a Turull y Viver por el gasto de al menos 500.000 euros para el Procés

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Turull y Puigdemont

Jordi Turull, exconseller de Presidencia, con Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Fuente: Europa Press

La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639'61 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña". Además, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.


Así figura en un informe de la Policía Judicial de la Zona de Catalunya con fecha de 15 de diciembre remitido al juez del Supremo y que lleva por título 'Investigación de los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia en Cataluña'.


"Los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalitat para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referéndum del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia de Cataluña", recoge en sus conclusiones dicho informe.


El documento señala el "incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales". "Hasta ahora", concluye el informe del instituto armado, "se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación".


La Guardia Civil dice que trabaja con el "convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación" y señala que la Generalitat llevó a cabo "diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado" en el referéndum del 1 de octubre.


En respuesta al juez del Supremo que ha asumido la causa por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, los investigadores de la Policía Judicial explican que están recabando pruebas sobre la inserción de publicidad en medios y los gastos directos empleados por la Generalitat para "la compra de urnas, papeletas, sobres y certificados para la composición de las mesas electorales", destacando la participación de la empresa de mensajería Unipost.


En esta empresa, registrada el 14 de diciembre por segunda vez en presencia del director general Pablo Raventós, se halló antes del 1-O 45.000 certificados para la constitución de las mesas electorales del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.


El desarrollo de software, web, el censo o la creación del call center son otros de los aspectos indagados, así como el coste sobre la preparación del referéndum, donde sitúa al juez Viver "o su entorno", a quien atribuya un trabajo por el que, según el Instituto Armado, "pudo percibir retribución pública".


La Guardia Civil rastrea los actos de clausura de la campaña del referéndum e incluso de los "fuegos artificiales en la Plaza de España de Barcelona". También se ha detenido en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) por el "traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum".


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