El Ajuntament de Barcelona sanciona a Endesa por cortar la luz a personas vulnerables

El Govern de Colau recurre el Real Decreto que regula la figura del bono social
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Laia Ortiz

Laia Ortiz, teniente alcalde de Derechos Sociales del Ajuntament de Barcelona. Fuente: Europa Press


Primeras sanciones del Ajuntament de Barcelona a Endesa por incumplir la ley de pobreza energética. El Govern de Colau sancionará a la empresa eléctrica con una multa de 350.000 euros por dejar sin suministro eléctrico a hogares vulnerables. Además el Consistorio ha presentado un recurso ante el Supremo contra el Real Decreto del Gobierno que regula el bono social.


El Ajuntament notifica tres propuestas de resolución a Endesa que incluyen sanciones por valor de 70.000 euros cada una al comprobar que le empresa no había solicitado a los Servicios Sociales municipales el correspondiente informe de exclusión residencial antes de proceder a cortar la luz a ciudadanos vulnerables. Además cuenta con dos propuestas más de resolución que se notificarán en los próximos días por las mismas circunstancias.


Los cortes, que se produjeron una vez ha había sido aprobada la ley 24/2015, se llevaron a cabo en hogares habitados por personas vulnerables y que habían sido detectadas a través de uno de los 10 Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) que Barcelona habilitó el pasado mes de enero.


La teniente alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, asegura que el objetivo del Ajuntament “no es sancionar”. No obstante destaca que es necesario ser “muy estrictos” para exigir el cumplimiento de una ley vigente. En este sentido la edil subraya que se trata de una norma que está avalada por el Tribunal Constitucional y que debe “servir de garantía para que todos tengan acceso a unos suministros básicos independientemente de su condición económica”.



Recurso al Supremo contra el Real Decreto que regula la figura del consumidor vulnerable


En rueda de prensa, Ortiz explica también que el Govern municipal ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica.


El Consistorio denuncia que el Real Decreto del Gobierno central es contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico, y que vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat y del propio Ajuntament.


La dirigente municipal añade que el decreto implica que los descuentos en las facturas de los consumidores vulnerables solo se pueden otorgar a aquellas personas que previamente hayan sido atendidas por los servicios sociales. “Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales”, asegura. En cuanto a esto Laia Ortiz alerta de que si se aplicase el decreto el 43% de los 10.000 hogares de Barcelona atendidos por cuestiones de pobreza energética por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) quedarían desprotegidos.



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