Las 14 estructuras de Estado previstas por Puigdemont para la República catalana

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Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en el Parlament. Fuente: Europa Press


La Generalitat de Catalunya tenía prevista la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva República y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa. Pero eran conscientes de que la declaración de independencia podía llevar a la intervención de la autonomía por parte del Estado.


Para esa situación habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas.


Los documentos con todos estos planes fueron incautados por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, uno de los hombres de confianza del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo su detención y la de otros trece cargos de la Generalitat encargados de organizar el referéndum del 1 de octubre.


La relación de estructuras de Estado que el secretario de Hacienda estaba contemplando es la siguiente: Hacienda catalana; Agencia catalana de Protección Social; Poder Judicial; Ministerio del Interior; Política Monetaria, que incluía Banco Central y Supervisor del Sistema Financiero; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Comisión Nacional de la Competencia.


También incluía: otros organismos y estructuras exigidos por la Unión Europea; Controles de los servicios de Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera; Abastecimiento de Agua y Energía; Telecomunicaciones; Correos; Servicios de emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.


Informe para obtener datos tributarios

El responsable de Hacienda en Cataluny había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción 'Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria', así como el plan de "despliegue" del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el 'Catastro de Catalunya en el momento de la desconexión'.


Salvadó incluso había hecho un esquema con los asuntos que se tendrían que tratar de cara a una hipotética negociación con el Gobierno para la independencia, que incluía la distribución de "activos y pasivos" e iban desde la incorporación de personal -para lo que contaba con un borrador de decreto para transferir funcionarios del Estado a la Administración catalana-, a las infraestructuras y el reparto de la deuda hasta los recursos hidrográficos o la transmisión de datos, registros y censos.


Planes de ajuste y amenaza de contagio de crisis a Europa


Pero también preveían la posible intervención de la autonomía por parte del Estado que calificaban de "escenario de guerrilla" o "escenario de guerra" en función del alcance que tuviera el mismo, como se explica en un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último.


En el primer caso, contemplaban que la intervención podía ser contra los máximos responsables de las instituciones catalanas pero sin suspensión total o parcial de las competencias del Gobierno catalán, aunque cortando la financiación del FLA.


En este caso preveían un plan de ajuste del gasto del Gobierno catalán y la activación de medidas alternativas de financiación como bonos patrióticos o acudir al mercado internacional. Admiten que la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre y fijaban el punto crítico en julio de 2018.


Pero contemplaban medidas más duras para el caso de que se produjera el "escenario de guerra", en el que preveían que el TC iría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y el Gobierno asumiría el control de la autonomía, cortara el FLA y garantizara el pago de mínimos del personal.


En esa situación, en la que creían que el Estado iba a tener una "dificultad elevada" para actuar "a no ser que actuaran directamente sobre posiciones técnicas de la administración catalana", planeaban: activar el plan de ajuste del gasto, atrasar pagos a proveedores, buscar vías de financiación alternativas entre las que incluían el cobro de impuestos a "todas las empresas", la emisión de bonos patrióticos, no pagar al Estado ni amortizaciones, ni gasto financiero derivado del FLA y buscarían un sistema para trasladar cuentas.


Controlar el territorio y los comportamientos de los ciudadanos


En otro documento titulado 'Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre', exponían que "el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Catalunya" y sobre "los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones".


En este caso, consideran básico controlar las "infraestructuras críticas" como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o la gestión de las aduanas "entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español".


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