​ LEY DE TRANSITORIEDAD JURÍDICA

Desde la nacionalidad catalana hasta la expulsión del Ejército

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Presentación de la ley de transitoriedad jurídica. Fuente: Junts pel Sí


Junts pel Sí y la CUP registran en el Parlament la ‘Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república’ con la que pretenden romper con el Estado español. La norma contempla la construcción de un marco legal provisional en el caso de que el 1-O gane el 'sí' a la independencia.


Con la victoria independentista después del 1 de octubre se daría a los partidos políticos y al Govern un plazo de seis meses para prepararse para unos comicios. Pasado ese tiempo el presidente de la Generalitat disolvería el Parlament y convocaría unas elecciones constituyentes. Durante ese periodo el jefe de Estado sería el propio Carles Puigdemont.


Los parlamentarios que saliesen de esa votación formarían parte de una Asamblea Constituyente que sería la encargada de elaborar una constitución catalana. Antes del 1 de octubre de 2018 ya estaría en vigor al 100% la república.


La norma registra la existencia de la nacionalidad catalana. La obtención de ésta “no exige la renuncia de la nacionalidad española”, es decir, se podría tener doble pasaporte y los españoles que llevasen dos años empadronados en Catalunya a fecha del 31 de diciembre de 2016 contarían también con la nacionalidad catalana. En cuanto al idioma la ley presenta la cooficialidad entre castellano y catalán.


En el plano judicial no existiría la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán. El fiscal general sería nombrado por el Parlament de Catalunya y no por el Govern para garantizar la “plena independencia”. Además se regularía la amnistía para aquellas personas investigadas o condenadas “por procedimientos relativos a la independencia o a la construcción de la república”.


La Generalitat tendría el control total” de las fronteras y el Ejército sería expulsado. Según señala JxSí y la CUP “la ley prevé el control efectivo de las fronteras pero deja en manos del Govern los detalles”. En cuanto a los militares del Estado español éstos dejarán de “tener jurisdicción en el territorio catalán” y sería la posterior Asamblea Constituyente la que decidiría si Catalunya tendría dotación militar.


En el terreno económico se establece la creación de una hacienda catalana que sustituya a la española. En este sentido la Agencia Tributaria estatal dejaría de recaudar en Catalunya y sería la Generalitat la que tendría autoridad sobre este tema. Sobre la deuda con España el diputado de la CUP, Benet Salellas, valora que deberán sentarse con el Estado a negociar pero que “si no hay negociación, no hay asunción de la deuda”.


En relación a los trabajadores públicos éstos mantendrían su plaza y tendrían “las mismas retribuciones que hasta ahora” pero adaptándose a la nueva organización.



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