El Govern llevará al Supremo y al Constitucional la suspensión del FLA

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Jordi Turull, vicepresidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat. Fuente: Europa Press


La ‘amenaza’ del Gobierno central contra la Generalitat por el referéndum del 1 de octubre ya tiene una respuesta por parte del Govern. Oriol Junqueras, número dos del Ejecutivo catalán, anuncia que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra la suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico anunciado por la dirección estatal.


El vicepresidente de la Generalitat explica que acuden primero a estos organismos judiciales para “agotar las vías jurídicas dentro del Estado” pero plantean elevarlas posteriormente a instancias internacionales. Junqueras ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consell Executiu para cargar contra la decisión del Gobierno central. El líder de ERC ha acusado al PP de querer “perjudicar a los proveedores de la Generalitat y a los ciudadanos”, y le ha exigido abandonar esa actitud y actuar con responsabilidad.




La suspensión del FLA si se destina dinero público para el referéndum no conseguirá frenar el compromiso del Govern, asegura Junqueras. El republicano afirma que en ningún caso pararán su celebración y que la votación no se pagará utilizando los recursos del FLA: “Es evidente que no haremos un referéndum utilizando los recursos del FLA”.


El conseller de Economía, que no ha explicado de dónde sacará el Govern el dinero para el 1-O, ha anunciado también que asume el compromiso de informar de todo lo que tenga que ver con el gasto de la Generalitat. Junqueras ha ironizado con la petición de información semanal por parte del Gobierno del PP: “Si quieren la enviaremos cada día. Cada día, cada semana y cada mes”.


Vicepresidencia asume la responsabilidad del informe por lo que los certificados semanales que serán elaborados por los consellers de las diferentes áreas pasarán por manos del líder de ERC. El departamento que dirige Junqueras será el encargado de realizar el escrito final que deberá remitir a la interventora general, Rosa Vidal, para que ésta se lo entregue al ministerio de Hacienda y Función Pública.




Los funcionarios quedan para Junqueras fuera de la ecuación por lo que tampoco facilitarán al Gobierno central la lista que han solicitado con los nombres de los interventores y empleados públicos que afecta a un total de 193 entidades vinculadas a la administración catalana. El vicepresidente ha sentenciado que cualquier petición de información será certificada por los consellers.



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