Las cuentas catalanas a juicio todos los miércoles

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La Generalitat de Catalunya tendrá faena todos los miércoles con el Gobierno central. El tercer día de la semana es el elegido por el Ejecutivo del PP para que se remita el informe final sobre las cuentas catalanas. Esta medida entra en vigor con carácter inmediato y se mantendrá hasta que termine el “riesgo general” vinculado al uso de dinero público el 1-O.


El BOE publica el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que busca vigilar las arcas de Catalunya para asegurarse de que la Generalitat no destina ni un solo euro al referéndum. Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, la definía como una medida “preventiva” y amenazaba al Govern de suspender el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el caso de no obedecer.


El papelón lo tendrá ahora el interventor general de la Generalitat de Catalunya que todos los miércoles estará obligado a enviar un certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además éste también deberá presentar una certificación similar el 9 de agosto a Hacienda sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 16 de julio de 2017.


Los interventores de las consellerias y de las entidades asociadas deberán entregar sus propias conclusiones al interventor general para que se encargue de elaborar el informe final. Este certificado deberá contar en el anexo con los resultados elaborados por cada funcionario.


El protagonismo de los funcionarios en este caso es total puesto que si incurren en falsedad documental en relación a facturas o pagos acreditados, esto podría suponer una exigencia administrativa de responsabilidad “contable y/o penal”.


El Gobierno central presiona al Govern de Catalunya para que no celebre el referéndum del 1 de octubre y aprieta donde más duele: en el bolsillo. Esta medida es la primera que lanza el Ejecutivo del PP contra la consulta puesto que hasta ahora solamente la consideraban un anuncio. 


Los populares, a menos de dos meses y medio, parecen tomarse en serio el 1-O. También podría ser una maniobra de distracción. El primer informe deberá ser presentado el 26 de julio, el mismo día que Mariano Rajoy tiene que declarar como testigo en el caso Gürtel.


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