​Barcelona marca los tiempos a Airbnb

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El Ajuntament sigue luchando por un turismo responsable y continúa presionando a las plataformas de alojamientos turísticos para que retiren las ofertas vinculadas a pisos ilegales.


El Govern, que se reunía ayer con Airbnb, planta sobre la mesa de negociación el tiempo que tiene la empresa para retirar las 1.036 viviendas ya sancionadas y con una orden de cese entre sus paredes. La plataforma tendrá un plazo máximo de un mes para hacer efectivo el requerimiento municipal.



El Ejecutivo exige además que, al igual que el resto de web de alojamientos, no se integren aquellas ofertas en las que no se identifique el número de licencia para asegurar así que las viviendas se encuentran dentro de la legalidad.



La teniente alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, señala que Airbnb tiene ahora la “oportunidad de recuperar la confianza de la ciudad y de los vecinos”. Por su parte el responsable de políticas públicas de la empresa, Sergio Vinay, mantiene su compromiso para avanzar hacia un turismo sostenible y combatir a los “malos actores”.



Vinay recuerda que ya se han puesto manos a la obra retirando en unos meses un total de 1.300 anuncios que podían “poner en riesgo la disponibilidad de alquiler a largo término en Ciutat Vella”.


Ajuntament de Barcelona vs Airbnb


Airbnb era la última de las plataformas de alojamiento turístico que se unía a la cruzada del Ajuntament contra el turismo ilegal. El Govern municipal exigía un compromiso por parte la empresa que no llegaba. Dos acontecimientos marcarían finalmente la implicación de Airbnb en la lucha contra los HUTs: la presión económica y el escándalo.


La plataforma cedía a la presión como consecuencia de la última multa impuesta por el Consistorio por valor de 600.000 euros. Sin embargo lo que terminó de decantar la balanza fue el polémico caso de un ejecutivo de la empresa que realquilaba de manera ilegal su piso en Barcelona y que además lo publicitaba en la misma web.


El descubrimiento del Ajuntament sobre los alojamientos turísticos ilegales anunciados por Airbnb y el escándalo del directivo de la empresa provocaban un deterioro de la imagen pública de la plataforma que, de alguna forma, les obligaba a reconducir su política. Así decidieron colaborar con el Consistorio en su lucha por un turismo justo y sostenible.


Por el momento parece que el Govern de Colau ha ganado la batalla. La próxima semana empresa y Consistorio se reunirán para terminar de marcar los tiempos y la estrategia. Ahora faltará por comprobar si el compromiso adquirido por Airbnb es real o se queda en el tintero.


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