​Los funcionarios municipales de Catalunya serán “fieles” a la Constitución

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Despacho


Los funcionarios municipales de Catalunya están en el punto de mira de Generalitat y Estado. Ambas administraciones utilizan a los trabajadores públicos como moneda de cambio para ‘amenazarse’ en relación a la cuestión catalana.


En los últimos días el Gobierno central enviaba una carta a interventores y secretarios municipales recordándoles que no pueden participar activamente en el referéndum del 1 de octubre porque es ilegal. Hoy el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Catalunya (CSITAL) enviaba un comunicado informando sobre la postura que tomarán de cara al 1-O.


El Consejo del CSITAL se reunía ayer lunes para decidir qué papel tendrán en la consulta independentista y decidían por unanimidad que su actuación se regirá por la “defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad, y de neutralidad e imparcialidad política”.


Desde esta entidad indican que el funcionariado debe mantenerse “siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución española, a la normativa autonómica y europea, y a los principios de buena conducta”. De esta forma el colectivo municipal se coloca en el bando de los constitucionalistas y se aleja de la hoja de ruta de los partidos independentistas.


El CSITAL lamenta que los trabajadores públicos estén de moda en el Procés y señala que se trata de “un protagonismo que no les corresponde”.



El Govern replica que los funcionarios son amenazados por el Estado


La crítica de los funcionarios ha contado con la réplica de Neus Munté, portavoz del Govern de Catalunya. La consellera de Presidencia ha contestado que quien amenaza” a los trabajadores públicos “sobre las consecuencias de colaborar con el referéndum del 1 de octubre” no es la Generalitat sino "el Gobierno central".


Munté, sobre la decisión del Consejo de CISTAL, mantiene que desde Junts Pel Sí respetan las opiniones de todos los colectivos de funcionarios y reitera que desde el Govern tienen el objetivo de “preservar al máximo el conjunto de trabajadores públicos”.



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