​El TC prohíbe a la Generalitat utilizar dinero público para el referéndum

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TribunalConstitucional


El referéndum no podrá ser financiado con dinero público. Así lo determina el Constitucional. El Alto Tribunal anula las partidas previstas en los presupuestos catalanes cuyo destino sea la financiación de la consulta del 1-O.


El TC estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno central el 4 de abril de 2017. Las partidas destinadas al referéndum, que ya había sido suspendidas de manera cautelar, son declaradas inconstitucionales. Por unanimidad este organismo judicial anula la disposición adicional 40 que habla directamente del proceso referendario.


No se muestra tan tajante en relación a los puntos que versan sobre la financiación de ‘procesos electorales y de participación ciudadana’, y de ‘procesos electorales y consultas populares’. En cuanto a éstas el tribunal decide declararlas inconstitucionales “en el caso de que se destinen” a sufragar los gastos derivados del referéndum al que se refiere la disposición adicional 40.


El TC reconoce que estas partidas “no merecen tacha alguna de inconstitucionalidad”, siempre y cuando se refieran a costes que pueden ser generados de “procesos o consultas no referendarias”. El fallo admite que los contenidos de estas dos “no permiten identificar qué concretas dotaciones pueden ser destinadas a la financiación del proceso referendario” sobre las que la comunidad autónoma sí tiene competencia.


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