​Barcelona exigirá responsabilidades por acusar tarde a CDC en el caso Palau

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CDC


El Ajuntament de Barcelona no está contento con la resolución del tribunal de la Audiencia de Barcelona que lleva el caso Palau. Los esfuerzos del ejecutivo municipal para acusar a CDC por el expolio de la entidad musical han caído en saco roto. El Consorci cambiaba de opinión a última hora en cuanto a esta postura pero finalmente esta decisión no servía para nada. No procede y por tanto no se acepta que la entidad modifique sus conclusiones definitivas después de haberlas presentado ya la semana pasada.


La disposición de la jueza que preside el caso no ha sentado bien al Ajuntament de Barcelona que ya había conseguido que el Consorci acusara a CDC. No obstante la presentación de las conclusiones finales dificultaba que el cambio fuese aprobado por el tribunal. Jaume Asens, cuarto teniente alcalde de la ciudad, avanza que ahora exigirán las responsabilidades pertinentes por no haber acusado antes a CDC. Esta exigencia dependerá de la devolución de los 6’6 millones de euros al Palau de la Música.


Asens ha criticado en el pleno del Ajuntament de Barcelona que si la Generalitat no se hubiese negado en un primer encuentro y por tanto no hubiese impedido la acusación a CDC, el tribunal habría aceptado la modificación de las conclusiones. Es por este motivo por el que exigen que se analice la responsabilidad del Govern de la Generalitat en el caso. En palabras de Jaume Asens esta cuestión debería estudiarse en relación a “aquellos que votaron en contra para proteger unos intereses de partidos”.



El regidor de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia ha querido subrayar que el “grado de responsabilidad” del Govern de Catalunya no es el mismo para ERC y PDeCAT. En cuanto a esto ha dicho que el partido republicano había abogado por acusar a CDC en el Parlament de Catalunya y ha recalcado que ahora se trata de ver si las responsabilidades deberían ser personales o institucionales.


En el caso de irse por la vía individual esto podría significar acusar directamente a los tres representantes de la Generalitat con poder en el Consorci, entre los que se encuentran el presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, y el conseller de Cultura, Santi Vila.


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