La Guardia Civil declaraba esta semana como testigo en la causa Pretoria, otro escándalo más de corrupción con el que se levanta y se acuesta la ciudadanía española, en concreto la catalana. Luis García, exdiputado del PSC, Lluís Prenafeta, exsecretario de Pujol en la Generalitat, y Macià Alavedra, exdiputado de CiU, son algunos de los 11 acusados por la presunta trama corrupta llevada a cabo en el área metropolitana de Barcelona.
En la vista de esta semana acudía la Guardia Civil para dar cuenta de sus informaciones. El inspector encargado de la investigación sostenía el papel fundamental de Luigi como cabecilla de las corruptelas. El agente mantenía incluso que llegaron a pensar, al inicio de las pesquisas, que Luis García trabajaba en el Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet porque “entraba y salía como perico por su casa”.
El guardia apunta directamente a Luigi como el mayor responsable de la mediación de las operaciones Niesma (Sant Andreu de Llavaneres), Pallaresa (Santa Coloma de Gramanet) y Badalona, operativas con las que los acusados podrían haber llegado a defraudar un total de 45 millones de euros.
No obstante varios testigos también señalan a Manuel Valera, identificado por la Fiscalía como testaferro de Luigi, como un personaje “esencial” para la mediación exitosa en los pelotazos urbanísticos. Dichos testimonios quitan importancia al mismo tiempo a Valera asegurando que la relación entre ellos era de subordinado a empresario.
El agente afirma que pudieron comprobar que Luis García “lo llevaba todo, todo” y añade que al arrancar la investigación descubrieron la relación entre éste y dos hombres de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra.
Allá donde uno vaya CiU ha dejado una huella que el propio partido no ha podido borrar. La Vieja Convergència decidió desaparecer pero su camino continúa coleando en los tribunales: las causas más mediáticas se conocen como caso Palau y Pretoria, ambos sujetos a investigación judicial por supuestas comisiones ilícitas del 3 y 4%.
En cuanto al caso relacionado con las operaciones en los ayuntamientos de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona los protagonistas de CiU son Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Ambos reconocieron en el trascurso del juicio haber cobrado comisiones del 4% como intermediarios, junto a Luigi, de proyectos ilegales de compra venta de terrenos llevados a cabo durante la operación Niesma.
El encargado de investigar los movimientos de Alavedra manifestó en el juicio que el acusado acudía con mucha regularidad al Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet cuando estaba al frente del mismo el exalcalde Bartomeu Muñoz (también imputado). Revela, a través de sus informaciones, que la compra venta de terrenos de Pallaresa habrían supuesto un beneficio ilícito superior a los 18 millones de euros.