​El caso del 3% destapado por Maragall se aplaza por un error judicial

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Adigsajuicio


Pasqual Maragall, expresidente de la Generalitat, le soltaba en un pleno en 2005 al entonces líder de la oposición y del CDC, Artur Mas, que su partido tenía “un problema” y que era el 3%. Ahí comenzó a salir del pozo todo el arsenal de presuntas comisiones ilícitas al partido. En el caso Adigsa concretamente no se ha podido acreditar la existencia de las mismas pero sí la implicación dos militantes de la Vieja Convergència, Josep Antoni Fontdevila y José María Penin.


El juicio tenía que haber comenzado hoy pero un fallo judicial alteraba el calendario. Un error del tribunal al no citar al representante legal de una empresa y la incomparecencia de un empresario, ambos responsables civiles subsidiarios, ha obligado al juez de la Audiencia Nacional a aplazar el juicio para el 16 de mayo.


La hora prevista para la celebración del caso Adigsa en los tribunales era este martes a las 10:00 horas pero el encuentro se retrasaría en un principio porque la mayoría de los acusados querrían negociar su confesión para rebajar las penas. Según fuentes judiciales solo uno de los siete imputados se resistiría a hacerlo. José Antonio Salguero podría ser reacio al acuerdo lo que provocaría que solo él fuese juzgado mientras que los otros seis acusados quedarían libres con penas muy inferiores a las solicitadas inicialmente por el fiscal.


Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por el presunto fraude cometido en 2003 con la gestión de los planes de viviendas para jóvenes. El presunto mecanismo irregular que se llevaba a cabo en Adigsa suponía una contratación en paralelo para el plan joven de vivienda encabezado por José María Penin y secundado por un encargado de Adigsa, Jordi Huguet, con el que adjudicaba a dedo las obras a los empresarios José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido.


Según el fiscal Josep Antoni Fontdevila, exconsejero de Adigsa, impondría a la empresa pública la “extraña intervención” de Penin como supuesto técnico externo para decidir las adjudicaciones dilapidando fondos públicos a favor de los empresarios acusados y del propio Penin.