Un día después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, la Fiscalía de Barcelona informa de la presentación de un recurso a la concesión del tercer grado de los políticos presos por el 1-O.
El Ministerio Público, que pide la suspensión de la semilibertad para los implicados, considera que no ha pasado tiempo suficiente para otorgar el tercer grado a los dirigentes del Procés y señala, además, que no han cambiado los “rasgos de personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva”. En este sentido, alega que los condenados mantienen que se trató de una actuación legítima y no reconocen que sea delito.
Por otra parte, Fiscalía echa en cara a la Generalitat su actuación en este caso, apuntando a un “tratamiento penitenciario privilegiado”.