Derechos del consumidor ante la cancelación de un evento por el COVID-19

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Alimentaria (Fira Barcelona)

Fira



Partiendo de la idea de que la cancelación de un evento -como podría ser una comunión, boda o similares, por parte del consumidor de manera unilateral supondría, como mínimo, la pérdida de la señal dada para garantizar su organización, hay que tener en cuenta que en estos momentos nos encontramos ante un caso de fuerza mayor que afecta a ambas partes.



Así que si el evento debía celebrarse en pleno estado de alarma o en fechas cercanas a su fin hay que estudiar a qué nos enfrentamos como consumidores y con qué derechos optamos si decidimos suspenderlo o nos vemos obligados a ello.



En primer lugar el artículo 1105 del Código Civil señala que nadie deberá responder de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que aún previstos fueran inevitables. La actual pandemia provocada por el coronavirus sin duda encajaría en el espíritu de este artículo.



En segundo lugar el gobierno ha aprobado un conjunto de normas tendentes a la protección de los consumidores por medio del RD 11/2020 de 31 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, concretamente en su artículo 36, que señala dos elementos claves:


-Si el contrato resultara de imposible cumplimiento el consumidor tiene derecho a resolverlo durante un plazo de 14 días, siempre y cuando no obtenga una propuesta de revisión o de solución por las partes basado en la buena fe y en la restauración de la reciprocidad de sus legítimos intereses. Si ello resultara imposible el usuario tiene derecho a la resolución definitiva del contrato, y por ello a la devolución de las cantidades pagadas como señal, excepto en el caso de los gastos justificados en qué hubiera incurrido el organizador del evento hasta ese instante. Igualmente en la búsqueda de ese acuerdo si transcurren 60 días desde el cumplimiento de la ejecución sin alcanzarse el mismo no cabría ninguna propuesta de revisión, por lo que caeríamos también en la resolución contractual.


-Otro tema son los casos en que el cumplimiento contractual fuera totalmente imposible, por lo que el empresario está obligado a retornar todas las sumas abonadas por el consumidor, salvo como en el punto anterior sobre los gastos en los que hubiera incurrido el organizador debidamente detallados y desglosados, en un plazo máximo de 14 días, y en la misma forma en qué se realizó el pago por el usuario, salvo aceptación expresa de otras condiciones por este.


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