​Actuaciones ante incumplimientos de enfermos con Covid-19 en el estado de alarma

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Hospital Trueta Girona (Twitter Hospital)


Hospital Josep Trueta de Girona. Fuente: Twitter Hospital Josep Trueta


Tras la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, aplicándose con el mismo -y posteriores prórrogas, diferentes medidas que han afectado a los derechos fundamentales de los españoles en general, pueden existir dudas sobre los casos donde quien incumple las normas esté afectado por el coronavirus o haya dejado de estarlo pero se niegue a abandonar unas instalaciones sanitarias.


Aquí los problemas vendrían derivados de que los incumplimientos realizados por estas personas, además de la mera infracción administrativa o penal en la que incurren por su conducta, requerirá, en aquellos supuestos en los que la desobediencia o resistencia del sujeto persista, de medidas coercitivas rápidas e inmediatas con el fin de asegurar la salud pública de forma efectiva.


-Respecto al de abandono del confinamiento estando la persona afectada por el Covid-19 la respuesta jurídica nos la daría la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, cuyos artículos 2 y 3 habilitan a la autoridad sanitaria correspondiente a adoptar las medidas de tratamiento u hospitalización que consideren necesarias para garantizar la salud de la población.


Para los casos más graves, lo que pueden conllevar una pena por ser constitutivos de delito, se atribuirán a la jurisdicción penal, siendo el Juzgado de Instrucción quien lleve a cabo la imposición de las medidas cautelares que estime oportunas. En cambio respecto a infracciones de tipo administrativo hay que valorar también que existe cierto vacío legal sobre las medidas coercitivas que se pueden ejercer en los casos de incumplimiento.


-En relación a los casos de personas que rechazan el alta al negarse a abandonar instalaciones sanitarias, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, fija en su artículo 21.2, que la dirección del centro en cuestión deberá acudir al juez para que este confirme, si así lo estima oportuno, el alta hospitalaria.


Tanto en los supuestos de abandono de confinamiento como los de negarse a abandonar un centro sanitario hay que tener claro que será necesario el concurso de la autorización o ratificación judicial de la decisión adoptada por la autoridad médica al verse aquí afectados derechos de carácter fundamental. 


La competencia para resolver estos supuestos recaerá en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, siendo competentes en base al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Y ello sin perjuicio de que por la inexcusable urgencia y necesidad de una intervención judicial inmediata por estar en juego la salud pública, sean los Juzgados de Instrucción que se encuentren en funciones de guardia los que deban resolver dichas actuaciones, de conformidad con el artículo 42.5.b) del Reglamento 1/2005, de 15 de agosto, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.


   ​Diferencia entre infracción o delito en el estado de alarma y sus consecuencias