​Diferencia entre infracción o delito en el estado de alarma y sus consecuencias

|


Drogas detención (MOssos)


Fuente: Mossos


Tras la aprobación por el Gobierno de Sánchez del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma, aplicándose con el mismo (y en posteriores resoluciones) diferentes medidas que han afectado a los derechos fundamentales de los españoles.


Los supuestos donde esto se incumple pueden ser diversos: Viajes a segundas residencias, paseos demasiado largos con el perro, compras insignificantes o desplazamientos en compañía sin guardar las distancias, etc.


Dentro de esta diversa casuística debemos discernir entre los que incumplen las medidas del estado de alarma de forma leve o grave, y los que lo hacen de forma muy grave o reiterada. En el primero grupo de casos estamos ante una infracción de carácter administrativo que abrirá un procedimiento de carácter sancionador; en el segundo en cambio los hechos podrían constituir un delito, por lo que de darse se abriría contra el responsable un procedimiento penal.


Sobre las faltas de carácter leve o grave la Abogacía General del Estado ha debido pronunciarse para aclarar las distintas cuestiones suscitadas y facilitar unos criterios de actuación ante cada supuesto: 


-Sobre quiénes podrán formular la pertinente denuncia serán todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que podrán hacerlo, tal y como establecen los artículo 5.2 del Real Decreto 463/2020 y de la Orden del Ministerio del Interior INT/226/2020, de 15 de marzo, Tienen tal consideración los agentes de la autoridad de las distintas administraciones territoriales (estatal, autonómica o local), pero también en este supuesto los miembros de las Fuerzas Armadas. Y ello con independencia de la normativa a aplicar y de la administración competente para tramitar el procedimiento adecuado.


-El régimen sancionador aplicable no está ya tan claro. Tanto el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, como el artículo 20 del Real Decreto 463/2020 hacen una remisión a lo dispuesto en “las leyes”, de carácter genérico y que puede despertar dudas. Aquí Abogacía elige la aplicación de la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de la Salud Pública, que establece en su artículo 57.2 como infracción (leve, grave o muy grave) la realización de conductas que generen un riesgo para la salud de la ciudadanía, por lo que se deja en un segundo plano la más reciente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, al entender que la infracción grave que tipifica su artículo 36.6, esto es, la desobediencia o resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones conllevaría “necesariamente de un requerimiento expreso e individualizado por parte del agente de la autoridad,  que no resulte atendido por el destinatario de dicho requerimiento”. La “Ley mordaza” seguiría vigente no obstante para supuestos donde no se pusiera en riesgo la salud pero sí encajaran en la desobediencia o resistencia a la autoridad.


-Tema distinto es el incumplimiento a las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea reiterado o muy grave, tal y como nos recuerda la citada más arriba Orden del Ministerio del Interior INT/226/2020 en su apartado quinto. Aquí estaríamos ante un delito de desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en toda su extensión, incluyendo la posibilidad de interpretarlo como atentado si se da acometimiento o resistencia grave, descritos  en los artículos 550 a 556 del Código Penal. Ello puede llevar a consecuencia jurídicas de penas de prisión para el autor o autores, sin perjuicio de que los hechos pudieran llegar a ser constitutivos de otra clase de delitos como lesiones. 


   ¿Qué sucede con la custodia de menores durante el estado de alarma?