​No se podrá despedir a causa del coronavirus

|


Despidos prohibidos (Moncloa)

Prohibido el despido mientras dure el estado de alarma. Fuente: Moncloa


En el Decreto Ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros extraordinario, y publicado el 28 de marzo en el BOE, se prohíben los despidos por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en los que la empresa alegue como raíz de estos la crisis del coronavirus o las restricciones a la movilidad en vigor por el estado de alarma


Según Yolanda Diaz, ministra de Trabajo y Economía Social, es que en esos supuestos se opte por los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) especialmente aprobados para esta coyuntura. La medida se encamina a que se mantengan los empleos aunque los trabajadores dejen sus puestos de forma temporal mientras se mantengan las actuales medidas. 


Por tanto a partir del 28 de marzo las empresas no podrán justificarse en estos argumentos para despedir a sus trabajadores como causa objetiva -en casos individuales- o vía ERE -para despidos de carácter colectivo. Eso no significa que no puedan hacerlo. 


Podrán despedir justificando que tienen otro origen distinto en el caso de despidos colectivos. O también individualmente a través de despidos disciplinarios o por las causas objetivas ya existentes, como ineptitud o falta de adaptación del asalariado. En el último supuesto la indemnización será igualmente de 20 días por año trabajado, excepto que estemos ante un despido improcedente por no estar justificado, por lo que la  indemnización sería de 33 días.


Esta nueva norma no afectaría a los trabajadores despedidos antes del 28 de marzo, fecha de su entrada en vigor al publicarse en el diario oficial. Lo que no especifica el Decreto Ley es qué ocurre con los despidos por coronavirus que se salten esta prohibición ya vigente. Es decir, si se considerarán nulos o improcedentes, ya que en este último caso tienen una indemnización mayor. 


También se establece que en  el caso de contratos temporales, formativos, de relevo o interinos su suspensión por culpa de la crisis sanitaria interrumpirá el cómputo. Esto significa que hasta que no se levante el estado de alarma estarán congelados y volverán a computarse a partir de esa fecha. 


En la parcela burocrática se simplifica la vía preferente para las compañías que tengan problemas para pagar salarios a causa de la crisis, el llamado ERTE con condiciones especiales: Para las empresas, porque no pagan la Seguridad de los trabajadores a los que suspenda (o devengan el 25% si tienen más de 50 trabajadores); y para los trabajadores que se vean afectados, ya que facilitan que puedan cobrar la prestación especial por desempleo sin tener el tiempo mínimo cotizado y sin que les cuente este tiempo como paro gastado en el futuro.


Será la empresa la que deba presentar ante el SEPE una solicitud colectiva por desempleo en nombre de todos los trabajadores en un plazo de cinco días. En caso de que la suspensión ya se haya puesto en marcha antes de esta norma, tienen esos mismos cinco días desde el 28 de marzo para enviar ese documento. De no hacerlo podrán recibir multas que van de 626 y 6.250 euros. 


La disposición también también despeja dudas que se habían generado. La primera es que la fecha desde la que se cobra el desempleo es por defecto el de la suspensión del trabajo, que en todo caso tiene que ser cuando la empresa comunicó la situación y que podría ser antes de la entrada en vigor de las medidas aprobadas y del estado de alarma cuando se justifique debidamente que la causa fue la crisis sanitaria. La segunda es que la duración máxima del ERTE es la del propio estado de alarma y sus posibles prórrogas, fecha en que dejará de estar vigente.


Por último se señala también que tanto la Seguridad Social como Inspección de Trabajo revisarán los ERTE presentados para asegurarse de que cumplen las condiciones establecidas. Y que si se detectan infracciones serán sancionados, obligando a devolver las cuotas de la Seguridad Social no pagadas y el desempleo cobrado por sus asalariados.





   ​CSIF denuncia a la conselleria de Justicia de Catalunya ante Inspección de Trabajo