La Generalitat ha abierto expediente informativo a la empresa Prestige&Limousine, filial de Cabify, con el fin de comprobar si cumple o no con el decreto ley que regula la actividad de los VTC. Lo han revelado fuentes de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad.
Este expediente llega después de que la administración catalana haya sancionado con más de 30.000 euros a Cabify por varios preceptos contemplados en la normativa. El departamento que dirige Calvet ya había abierto un total de 54 expedientes a la filial, que acabaron en multas de 600 euros cada una.
Entre otras cuestiones, el decreto prohíbe indicar la ubicación de los vehículos antes de que el cliente contrate sus servicios, circular buscando usuarios y captarlos sin haber sido contratados de antemano. Su incumplimiento se considera una infracción grave con castigos que pueden llegar a los 1.400 euros.