Dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el ‘caso ERE’
Chaves y Griñán. Fuente: RTVE
Dos antiguos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados por su responsabilidad en el sistema de ayudas públicas irregular a empresas en crisis que se juzga en la causa judicial sobre el pago de los ERE andaluces.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado 9 años de inhabilitación especial para Chaves por un delito continuado de prevaricación, mientras que a Griñán le ha impuesto una pena de cárcel de 6 años y 2 días y 15 años y 2 días de inhabilitación por delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación.
La resolución judicial considera que tanto Chaves como Griñán son responsables del sistema irregular de ayudas públicas que la Junta instauró durante una década (2000-2009) con el fin de beneficiar a empresas en crisis. Cabe recordar que estos dos líderes del socialismo andaluz se dieron de baja del PSOE en 2016 tras su inculpación durante la instrucción.
Además de Griñán, también han sido condenados a cárcel otros 4 exconsejeros: José Antonio Viera y Antonio Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez-Aguayo (Economía). En este grupo la pena más alta ha sido para Fernández, a 7 años y 11 meses de prisión; mientras que a Vallejo y Viera se les imponen 7 años y a Martínez-Aguayo, 6.
El fallo ha considerado culpables a 19 de los 21 acusados, entre ellos, la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Zapatero, Magdalena Álvarez, y el exconsejero de la Presidencia y exsecretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Ambos condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Únicamente se han librado y han sido absueltos totalmente el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe de Gabinete Jurídico Francisco del Río.
La sentencia de la conocida como ‘pieza política’ del 'caso ERE' se ha hecho pública este martes, un año después del final del juicio y unos 9 desde que se inició la instrucción. Esta pieza, que es la primera en ser enjuiciada de un total de 146 bajo investigación, se centra en la modificación de las subvenciones excepcionales a las transferencias de financiación en 2001.
El 'quid' del juicio estaba en esclarecer si este mecanismo había sido ilegal y si por parte de los técnicos y políticos habían existido alguna responsabilidad penal. La sentencia dice que sí, aunque se puede recurrir todavía al Tribunal Supremo.
