El 1-O habría costado un millón de euros sin IVA

Se habrían podido camuflar gastos en otras partidas destinadas a sanidad
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Juicio Procés (CCMA Señal Supremo)


Juicio Procés Tribunal Supremo


Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) han cuantificado en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat de Catalunya comprometió para financiar el procés y, concretamente, el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.


Esta cifra hace referencia a aquellas partidas que analizaron los técnicos de Hacienda y de la IGE y que plasmaron en dos informes que llegan a la misma conclusión de gastos comprometidos para el año 2017 por la Generalitat, según han explicado estos peritos durante su comparecencia en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.


La perito de la IGE, Mercedes Vega, ha relatado que en su informe se diferencian los gastos comprometidos y respecto a los efectivamente pagados, si bien la representante de Hacienda Carmen Tejera ha subrayado que en el suyo sólo hacen mención al primer tipo, ya que en su opinión el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario.


Según esta périto se puede concluir que ese perjuicio al erario público se produjo en los encargos de publicidad, puesta en marcha de páginas web o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal que llevó a cabo el Gobierno presidido por Carles Puigdemont.


No obstante, Tejera ha querido dejar claro que este casi millón de euros que figuran en su informe no son los únicos gastos que se comprometieron para el 'procés', ya que para estas conclusiones no cita otros gastos que podrían haberse realizado en algún periodo anterior al año 2017.


También ha afirmado que pudieron producirse otros desembolsos cuyo concepto no hace referencia al referéndum, sino que se habrían incluido en los conceptos generales de los departamentos de la Generalitat, antes y durante 2017, y no se habrían destinado a los fines que fija la ley dentro la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos como "transplantes o diálisis". Es decir: se habrían camuflado.


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