​Puigdemont aprovecha los resquicios legales para su campaña

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Debate europeas TV3 (CCMA)

Foto de familia del debate electoral de las europeas en TV3 sin el representante de JxCat. Fuente: CCMA


La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no permitir la participación en los debates televisados de presos o huidos de la justicia en el marco del Procés no se mueve un ápice de lo decidido para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril.


En el caso de Oriol Junqueras la decisión ha sido exactamente la misma. Y en el caso de Toni Comín, y en el de Carles Puigdemont si hubiera intervenido el líder de ERC, se aduce que podría contar con ventaja respecto a sus contrincantes si hubiera participado de forma telemática.


Resulta curioso que quien iba a sustituir a Comín, Aleix Sarri, abandonara el plató donde se iba a celebrar el debate en protesta porque no pudieran participar los más arriba señalados. Y llama la atención puesto que ni en las generales ni en las municipales por Barcelona parece que hayan tenido el mismo problema a la hora de participar aunque sus cabezas de listas no pudieran.


Por tanto suena más a un nuevo numerito de Puigdemont con afán electoralista que a otra cosa. Nada más abandonar Sarri el lugar en las redes sociales los seguidores del inquilino de Waterloo comenzaron a avasallar a ERC para que hiciera el mismo gesto.


Pero, ¿por qué no lo hizo JxCat desde el primer día y ha esperado a este momento? ¿Por qué Laura Borràs o Elsa Artadi participan en debates sin el menor problema y precisamente ahora hay que ser solidarios con presos y “exiliats”?


La respuesta es que detrás de ello hay un cálculo electoral. Pero el problema real de todo este sainete es que el Estado español ha demostrado no tener una leyes adecuadas para evitar estos espectáculos. Puigdemont lo está teniendo muy sencillo al lado de un Junqueras que sí ha respondido ante la justicia. Esto no parece justo.


La JEC no debería estar enfrentándose a temas como estos de haber existido una legislación adecuada al respecto. No es lógico que un huido de la justicia tenga más facilidades que un preso en prisión preventiva, que debería tener todos sus derechos políticos intactos, para hacer campaña. Y eso está ocurriendo para desgracia de esta democracia desde noviembre de 2017.


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