​La Junta Electoral Central marca peligrosos precedentes contradictorios

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Debate rtve a seis (RTVE)

Debate a seis en RTVE. Fuente: Vídeo RTVE


La decisión de la Junta Electoral Central de vetar el debate a cinco de Atresmedia donde se incluía a Vox se puede discutir desde diversas ópticas. La primera, que quizás es la más rebatible, es que un canal de carácter privado debería poder ofrecer el contenido a sus espectadores que considerara oportuno, por mucho que los partidos nacionalistas (ERC, Coalición Canaria y PNV) creyeran que sus intereses estaban siendo lesionados y hubieran puesto el correspondiente recurso.


Este argumento se puede rebatir teniendo en cuentan que desde 2011 la JEC marco que el principio de proporcionalidad y representatividad también incluía a las televisiones privadas. Hasta Pablo Iglesias ha visto esta doctrina fuera de lugar.


La segunda óptica, relacionada en cierta forma con la primera, debe valorarse a la luz de los precedentes. En el año 2015 la JEC permitió que Podemos y Ciudadanos participaran en debates televisivos sin tener representación, lesionándose así los intereses de UPyD, que en aquel momento estaba en el Congreso. La propia Rosa Díez, antigua líder de la formación, lo ha recordado en Twitter (siendo citado el caso por Santiago Abascal en la misma red social).


Y esto último sí que supone un problema, ya que marca precedentes contradictorios que pueden llevar a la arbitrariedad. Al igual que permitir que finalmente el debate se celebre a cuatro sin incluir a los partidos nacionalistas que habían puesto el recurso frente a la inclusión a Vox...¿dónde está la proporcionalidad aquí? ¿Excluir a los voxeros sin incluir a los nacionalistas respeta la representatividad?


La mejor solución ha sido la aportada por Iglesias: la regulación de los debates, convirtiéndolos en obligatorios. Principalmente destinada a los canales públicos, con lo cual ni Pedro Sánchez se podría intentar zafar de ir al debate de TVE por intereses electorales, ni se verían lesionados los intereses de los partidos con representación en las cámaras al ser obligada su inclusión. De esta forma los canales privados podrían ofrecer los contenidos que eligiesen sin tener que estar supeditados a la valoración de un ente como la JEC. 


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