​Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio no pueden continuar en sus puestos

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Vicent Sanchis (CCMA)

Vicent Sanchis, director de TV3. Fuente: CCMA


Los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, forman parte de la lista de 30 procesados por el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O


Así el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado que la titular del Juzgado ha decidido procesar a un total de 30 investigados, la mayoría exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, algunos de ellos todavía en la Generalitat.


El TSJC explica que la titular del juzgado ha tomado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, después de dos años de instrucción iniciada por el ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. Asimismo la magistrada impone una fianza solidaria en concepto de responsabilidad civil que supera los 5’8 millones de euros por malversación.


Entre la lista de procesados también destaca la presencia de la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, junto a los mencionados directores de TV3 y Catalunya Ràdio, por un delito de desobediencia en relación a la emisión de publicidad del 1-O.


Esta situación muestra claramente que desde la irrupción del Procés los medios de comunicación públicos catalanes han pasado a ser utilizados como instrumento de propaganda de una opción política determinada, concretamente la de los partidos que hoy controlan las instituciones autonómicas catalanas.


En todas las sociedades donde existen este tipo de medios financiados a cargo del contribuyente siempre se da el debate de la tendencia de quien está en el poder a usarlo en beneficio propio. Pero el caso catalán es harina de otro costal: esa utilización se da sin ningún tipo de disimulo.


Todo esto conlleva, además del uso propagandístico, la aparición de corrupción en la gestión de los fondos públicos que les sirven de principal forma de financiación. Así los presuntos delitos que se atribuyen a estos altos cargos presuponen un grado de podredumbre en el interior de las instituciones que no puede ser aceptado.


Vicent Sanchis, ya reprobado por el Parlament, y Saül Gordillo deben dimitir o ser cesados de sus cargos. Ni siquiera un Govern tan echado al monte como el de Quim Torra se puede permitir el lujo de mantener a estas personas en sus puestos.


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