Según el Tribunal Supremo Jiménez Losantos no vulneró el derecho al honor del pueblo de Catalunya

Condena a la Generalitat de Catalunya al pago de las costas
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Entre los días 10 y 17 de septiembre del año 2013, Jiménez Losantos realizó una serie de manifestaciones en su programa La mañana de Federico, que por entonces emitía la cadena de televisión Intereconomía.


"Aquí el gran problema es que los etarras son la Generalidad. Aquí la violencia simbólica sobre los ciudadanos ejercida desde una idea política la hace el poder y la hace la connivencia del poder de Madrid que debería anularlo, combatirlo, derrotarlo y anularlo", afirmó en antena.


La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona, que llegó a la conclusión de que Jiménez Losantos no vulneró con estas declaraciones en ningún caso el derecho al honor del pueblo de Catalunya cuando las realizó en su programa en septiembre de 2013, con ocasión de la cadena humana denominada Via Catalana cap à la independència que se organizó en la Diada de aquel mismo año.


La sentencia estima que no se ha producido en ningún caso la vulneración del honor del pueblo catalán, condenando a su vez a la Generalitat de Catalunya al pago de las costas del recurso de casación.


"No puede estimarse una acción que está dirigida a la protección civil del honor del 'pueblo catalán' porque la demanda incurre en una sinécdoque incorrecta, al identificar la parte con el todo, esto es, un determinado sector político del 'pueblo catalán' con el 'pueblo catalán' en su totalidad", afirma el alto tribunal.


El Alto Tribunal interpreta en este caso que el honor del 'pueblo catalán' "no es vulnerado por unas declaraciones que vienen referidas a un determinado sector de la sociedad, por más relevante que pudiera ser en ese momento". Así estas señalarían a un contexto de contienda política y social” concreto.


El Tribunal Supremo afirma que las declaraciones del locutor "no fueron referidas al conjunto de la ciudadanía catalana sino a un determinado sector político y social, el identificado con las tesis soberanistas, y a algunas personas e instituciones que el demandado situaba en ese sector, así como a otros ajenos a los anteriores, en concreto, el Gobierno de España y el Ministro de Asuntos Exteriores, por su conducta con relación a los acontecimientos que en esa época sucedieron en Catalunya".


Se abunda en esta línea afirmando que la propia demanda excluye del concepto de 'pueblo catalán' al "discrepante que no participa de ese proyecto político, lo que es difícilmente compatible con los valores de democracia, pluralidad y respeto a la discrepancia que se invocan", zanja.


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