​Las cloacas del Estado no, las cloacas del PP

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Villarejo (RTVE)

José Manuel Villarejo. Fuente: RTVE


Las noticias aparecidas estos días sobre una supuesta “brigada política”, formada por una “policía patriótica”, que integrada por agentes se dedicó a la tarea de destruir a rivales de la entonces cúpula del PP dirigida por Mariano Rajoy suponen un escándalo que sorprende no haya generado mayor revuelo entre la sociedad española.


En cualquier otra democracia similar a la que ahora rige en España un caso así hubiera supuesto que rodaran cabezas de dirigentes políticos implicados y también que se viera salpicado el líder del partido que se hubiera atrevido a actuar así.


España es un país peculiar puesto que tras la asunción de la democracia el Estado realizó una transición donde muchas de las piezas del anterior régimen dictatorial no fueron depuradas en aras de una transición política que se deseaba pacífica. Así muchos funcionarios dudosos de la época pasaron al nuevo contexto conservando ciertas prácticas que no pasarían la prueba del algodón democrático.


Así casos como los GAL, el golpe de Estado de Tejero y otros hacían aflorar el mal olor de unas cloacas que continuaban ahí y del que la población se percataba cada cierto tiempo cuando las aguas putrefactas se movían y generaban un olor fétido que las delataba.


Hoy el ministro Marlaska ha dado por zanjado el tema, quizás demasiado alegremente, afirmando que las cloacas de la “policía patriótica” habían sido desmanteladas. Pero lo que realmente ha desparecido es una cloaca específica del Partido Popular, distinta a las cloacas que históricamente habían existido (y que seguramente siguen ahí). Y son distintas, aunque puedan haberse superpuesto en algún momento, porque en este asunto la cloaca presuntamente pertenecían a un partido político, no al Estado.


Que un formación en su primera legislatura en el Gobierno dedique recursos públicos a perseguir a rivales de su cúpula es algo muy distinto a que el Estado bordee la frontera de la Ley en determinadas situaciones. Los dos casos son deleznables, pero el primero es mucho más grave ya que nos viene a decir que, presuntamente, Mariano Rajoy y los suyos privatizaron en su beneficio la actuación de unos funcionarios critalizandola en un ente paraestatal a su servicio.


Así cuando se actuó contra Podemos y su líder Pablo Iglesias, los Pujol, el pequeño Nicolás parece que se hacía en interés de los populares como partido. Pero los casos de Luis Bárcenas e Ignacio González muestran que la cosa es mucho más grave: se actuaba estrictamente para favorecer a la cúpula del partido, que no tenía problemas en proceder contra rivales internos.


Así que los Eugenio Pino o Villarejo habrían trabajado para los mandamases de la organización popular en estas 'labores', no solo para el partido o el Estado como tales, que ya en sí sería suficientemente grave. Llama la atención que después de cuatro décadas de democracia todavía exista la posibilidad de camuflarse entre las estructuras estatales sin que nadie se percate fácilmente. Y si el hecho está protagonizado por un grupo de dirigentes que acababan de llegar al poder en una primera legislatura el tema se transforma en altamente preocupante.


Marlaska no puede pretender ventilar el asunto con unas declaraciones en clave electoral. El gesto es insuficiente y dice muy poco de la voluntad del actual Gobierno de Pedro Sánchez de, ademas de depurar responsabilidades, crear los mecanismos para que un hecho así no vuelva a suceder.


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