​Torra se empeña en convertir lo público en un cortijo del Procés

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Lazo amarillo Carrizosa (Parlament)

Quim Torra observa a Carlos Carrizosa retirando un lazo amarillo. Fuente: Parlament


Quim Torra lleva unos días con su defensa sin tregua frente a la Junta Electoral Central (JEC) para mantener la simbología del Procés en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Con diferentes quiebros y gestos intenta frenar algo que es inevitable con el objetivo de que la opinión pública que le sustenta no pueda tacharlo de cobarde o traidor. Todo lo que ocurra se debe poder vender al gran público para reforzar la moral.


No hay democracia que se pudiera homologar con el hecho de mantener una determinada propaganda política en los edificios públicos durante las elecciones. Ya es más que discutible en otros momentos, pero en plenos comicios mucho más. El lazo amarillo y, especialmente, la estelada son propaganda pura y dura de una determinada opción política, que no es otra que la de la independencia.


En los escritos de respuesta a la JEC del President puesto a dedo por el inquilino de Waterloo llama la atención su estrategia para frenar la medida: decir que el lazo amarillo no es un símbolo político es muy discutible pero podría aducirse como excusa más o menos lógica en un documento de respuesta. Pero declarar que la estelada tampoco lo es se convierte en un simple insulto a la inteligencia de un juez o de un estudiante de secundaria.


La última 'jugada maestra' es preguntarle al Síndic de Greuges para ver lo que deben hacer con este 'difícil tema' de sacar las banderas y los símbolos en época electoral. Los mismos que han pasado un día sí y el otro también de lo que le decía otro órgano consultivo como el Consell de Garanties dejan la patata caliente a otro para que asuma su responsabilidad ante el gran público. El problema aquí es que si se pasa de la raya pueden darse hasta responsabilidades penales que pueden provocar inhabilitaciones. Es para pensárselo por parte de Torra.


La JEC, como haría cualquier ente de ese estilo en una democracia homologable, tiene toda la razón moral y legal para dictar medidas tendentes a que el poder político en Catalunya no pueda convertir lo que es público en un coto privado. Porque en realidad eso es lo único que ofrece Torra como excusa bajo el brillante manto de la libertad de expresión: convertir lo que es público en un cortijo en propiedad del Procés.


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