​Maduro pasa cuentas con Sánchez y expropia una empresa española

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Fuente: Twitter Prensa Presidencial


El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó la planta de medicamentos de SM Pharma en el estado de Zulia. Sobre esto afirmó en Twitter que esta “posee la capacidad para producir y satisfacer el 50% de la demanda nacional, de gran parte de los medicamentos necesarios para nuestro pueblo”, añadiendo: "¡Una empresa recuperada en Revolución!”. Una expropiación en toda regla. La venganza es un plato que se sirve frío.


Maduro le acababa de pasar factura a Pedro Sánchez por el reconocimiento de España al autoproclamado presidente Juan Guaidó. SM Pharma, fundada y propiedad de una familia de origen asturiano, trabaja desde hace cincuenta años en el país caribeño. 


“La empresa ha demostrado estar comprometida con Venezuela, habiendo ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad”, afirmaba el ministerio de Exteriores español en un comunicado.


Tras la acción de los chavistas, España ha hecho un llamamiento a que cese “la ocupación de la fábrica” para que pueda volver a ofrecer medicamentos a la población venezolana. A través del mismo escrito se asegura que la confiscación había sido iniciada por el gobernador de Zulia, Omar Prieto, al tiempo que se denuncia que se llevó a cabo “sin respetar” las leyes de Venezuela, sin que existiese justificación que la fundamente e “incumpliendo” los compromisos adquiridos frente a España.


Esto “supone un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad”, añadiendo que representa “una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país”.


Por el lado venezolano la versión es muy distinta. El gobernador Omar Prieto, en declaraciones a Venezolana de Televisión, declaró que esta empresa fue abandonada por sus dueños, quienes estarían “complotados para dañar el suministro y entrega de medicinas” y que en 2018 “solo producían 3 productos para intentar declararla en bancarrota”.


Así que España en este conflicto tiene el derecho al pataleo y poco más. El Gobierno español tomó una decisión el pasado lunes tras vencer los ocho días de plazo para la convocatoria de elecciones y esta por lo que se ve empieza a tener sus consecuencias. Y beneficiosas no parece que sean. 


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