​Ni Gobierno de jueces ni Tribunal Supremo de jueces

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Carlos Lesmes (CGPJ)

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo. Fuente: Web CGPJ


En las primeras décadas de la democracia los órganos que formaban el Poder Judicial gozaron de una buena fama entre los españoles. Era una situación paradójica puesto que los tribunales y juzgados se heredaron de la dictadura, pero por varios motivos supieron insertarse en la nueva estructura democrática sin demasiados problemas.


A su vez el joven y recién creado Tribunal Constitucional, que recordemos no puede ser considerado como Poder Judicial, fue poco a poco adquiriendo respetabilidad tanto de los poderes del Estado como por los ciudadanos en su función de garante de la Constitución.


El sistema de elección de sus máximos responsables, siempre puesta en cuarentena por partidos y profesionales del sector, está nuevamente sobre la mesa pero ahora con mayor virulencia y es motivo de debate en la propia calle.


Toda este armazón judicial y constitucional está ahora en tela de juicio y amenaza ya con socavar al propio Estado. Si quienes interpretan las normas no son de fiar todo lo demás de poco sirve. Este cáncer que amenaza al Estado español es de muy difícil solución y puede favorecer que todo el edifico estatal se venga abajo.


Todo empezó con el Tribunal Constitucional y la sentencia del Estatuto catalán. Tanto su tardanza como su discutible decisión final llevó el descrédito a esta institución que hasta poco antes nunca vio que nadie se opusiera a sus sentencias públicamente. Se abrió la veda.


Por otra parte la crisis económica provocó que el Poder Judicial tuviera que lidiar con diversos casos de corrupción en el campo político, lo que hizo forzar la máquina al máximo a los tribunales y juzgados. En la actualidad se mira con lupa las decisiones de cualquier ámbito y se comparan unas con otras y lo que se dice en cada una -sentencia de La Manada, por ejemplo). El Procés es otro elemento más a sumar al desgaste acelerado de este poder.


La decisión de esta semana sobre el pago del impuesto de los Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas es una chapuza por parte del Tribunal Supremo. El problema no es la decisión final en sí, que también, más bien que el proceso hasta llegar a la misma demuestra nerviosismo y falta de seguridad por parte de los individuos que la debían tomar.


Que una Sección especializada tome una decisión y la misma Sala a la que pertenece le enmiende la plana en menos de 15 días para volver a la interpretación antigua donde es el cliente quien paga y no el banco no habla muy bien de los aplicadores del derecho, más allá de que se han puesto del lado del fuerte frente al ciudadano al realizar esta insólita pirueta... lo cual no es que quede muy bien socialmente para la inmensa mayoría de españoles.


Y más cuando desde la banca se conformaban con que la decisión no tuviera efectos retroactivos según deslizaban a los medios por la mañana antes de que se conociera la polémica decisión. ¿Qué ocurrió en esas horas hasta la tarde? ¿Cómo es que el presidente de lo Contencioso Díez-Picazo emitió una serie de opiniones en su argumentación y después votó lo contrario a las mismas tal y como relatan algunos medios?


Nerviosismo y presión. Y un poder del Estado no se puede permitir estos vicios a la hora de trabajar. Desde algunos mentideros se ha querido deslizar la idea para justificar esta decisión de que no puede haber un Gobierno de jueces -dando a entender que es el ejecutivo quien debe hacer estos cambios legales. El problema realmente no es ese: el problema es que parece que ni siquiera tengamos un Tribunal Supremo de jueces.


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