​La Fiscalía pide entre 7 y 25 años para el Govern de Puigdemont por el Procés

La pena máxima solicitada es para el presidente de ERC, Oriol Junqueras
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Junqueras y Puigdemont (Twitter KRLS)

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, expresidente y exvicepresidente de la Generalitat. Fuente: Twitter KRLS


La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado contundente al reclamar para los dirigentes independentistas procesados una pena que oscila entre 1 año y 8 meses y 25 años de cárcel por su participación en el Procés. El castigo solicitado más duro ha sido para Oriol Junqueras.


El exvicepresidente de la Generalitat y jefe de ERC ha sido el que se ha llevado el ‘premio’ al político con la petición de condena más alta: 25 años. En su escrito provisional de acusación el Ministerio Público solicita esta pena al entender que ha cometido un delito de rebelión agravado con malversación al considerarle jefe o promotor del proceso independentista.


Tras Junqueras se encuentran la expresidenta del Parlament, el exlíder de la ANC y el presidente de Òmnium Cultural. Para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart los fiscales piden 17 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión al verles también como promotores de la causa soberanista.


Le siguen los exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, que están en prisión por delitos de rebelión y malversación. La Fiscalía reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación para Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva.


En cambio se libran de superar la docena los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. En su caso, el Ministerio Fiscal descarta rebelión y les acusa de malversación además de un delito continuado de desobediencia grave por incumplir las resoluciones del Constitucional. Por ello les pide solo 7 años de privación de libertad y 16 de inhabilitación absoluta.


Mejor suerte que Forcadell han corrido los otros miembros de la Mesa del Parlament que han sido procesados. Se trata de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Al igual que a la expresidenta del grupo de la CUP en la Cámara catalana, Mireia Boya, los fiscales ven en ellos un delito de desobediencia castigado con 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercicio de cargo público y una multa de 30.000 euros.


Por el momento quedan fuera del caso los políticos que huyeron de la Justicia española al extranjero para evitar comparecer ante el juez Llarena, es decir, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Anna Gabriel y Marta Rovira. 


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