​Mas define el 9N como “solución imaginativa” para apagar una crisis independentista

Los portátiles del 9N eran para escuelas catalanas
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Mas Tribunal de Cuentas

Artur Mas en declaraciones a los medios tras comparecer ante el Tribunal de Cuentas. Fuente: TV3


El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado este miércoles ante el Tribunal de Cuentas que el 9N fue una “solución imaginativa” para apagar una “crisis política dentro del movimiento soberanista” tras la anulación de la consulta inicial por parte del Constitucional.


Así lo ha dicho ante el juez el convergente, que se ha enfrentado a su segundo juicio por este asunto junto a sus entonces consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs (todos ellos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia por parte del Tribunal Supremo). En este caso están investigados por responsabilidad contable en un delito de malversación por el uso de, presuntamente, 5 millones de euros para el 9N.


El político ha defendido que no había nada malo en el 9N desde el momento en el que se dejó su organización en manos de los voluntarios y se ha apoyado en el hecho de que “durante tres semanas largas” el TC no se pronunció y el Ejecutivo de Rajoy se burlaba del proceso participativo.


En este punto ha manifestado que se desvincularon de la consulta una vez la anuló este Tribunal de Garantías y después de llegar a la conclusión de que si no hacían caso, la Generalitat no podría organizarla bien. Fue entonces, según ha explicado, cuando “tuvimos que imaginar” un nuevo escenario que eliminaba de la ecuación a la administración catalana y que dejaba en manos de los voluntarios su organización. “Por eso se cambió el nombre”, ha detallado.


Asimismo Artur Mas ha recordado que 5 días antes del 9 de noviembre de 2014 el TC la anuló y que pidieron un recurso de aclaración que, según ha dicho, “nunca llegó”, porque tenían dudas sobre la resolución de este tribunal. Entre estas incógnitas ha citado, entre otras, cómo iban a “obligar a 40.000 voluntarios” a no llevar a cabo este proceso participativo.


Por último ha reiterado que no cree que hayan hecho nada malo y pone como justificación que se hizo nada para parar la consulta: “Tuvimos la confirmación definitiva de que no habíamos hecho nada malo cuando en la misma jornada nadie hizo nada para impedirlo”.


Los portátiles del 9N


Preguntado por los ordenadores utilizados por las  mesas electorales durante la consulta, ha contestado que estos se compraron para las escuelas catalanas y que es “irrelevante” que los 2’8 millones con los que se compraron (la partida más elevada dentro de esos 5 millones) se hubieran asignado previamente al fondo de contingencia para el referéndum.


El expresidente del PDeCAT, que ha dado a entender que la partida presupuestaria dirigida a la consulta se anuló, ha tratado de desmarcarse del gasto en los 7.000 portátiles del 9N al afirmar que, en todo caso, esta cuestión no estaba entre sus funciones al igual que tampoco lo estaba “vigilar los procesos administrativos” ni “interpretar lo que piensan los interventores”. “No conozco la técnica presupuestaria”, ha asegurado.


Rigau, Ortega y Homs mantienen el hilo argumental de Mas


Tras la declaración de Mas ha sido el turno de su vicepresidenta, de su conseller de Presidencia y de su consellera de Enseñanza. Todos ellos han seguido el mismo camino que el expresidente de CDC declarando que no hicieron nada fuera de la legalidad.


Joana Ortega ha sostenido en su interrogatorio que os contratos se hicieron con el visto bueno de la Interveción General de la Generalitat y no para la consulta prevista sino para lo que ha llamado “proceso participativo”. “No es lo mismo una consulta que un proceso participativo. Yo di una orden taxativa para parar los convenios para la prohibición de la consulta. Después hicimos implementar la organización, no la ejecución, que era de los voluntarios”.


Después de Ortega ha sido el turno de Rigau, que también ha tratado de remarcar la diferencia entre la consulta anulada y el proceso participativo que, según ella, se hizo finalmente. Sobre los ordenadores ha contestado de forma irónica que tampoco se ha hablado de “las sillas y las mesas” que se usaron. Posteriormente ha detallado que los portátiles no hacían falta para las votaciones, porque no había censo, sino que se compraron porque sí eran “necesarios para las inscripciones”.


Por su parte el último en hablar ha sido Homs, que ha destacado que la Generalitat no cometió ningún delito mostrando como prueba que acató la suspensión por parte del TC. En cuanto a la advertencia a medios que no quisieron emitir publicidad de la consulta, ha reconocido que sí lo hizo. No obstante ha declarado que de lo contrario habría “prevaricado” y que era su “obligación” comunicarle al CAC (Consejo Audiovisual de Catalunya) el nombre de los medios que se negaban.


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