Últimos flecos de la Abogacía del Estado para defender al poder judicial español ante Bélgica en el caso Llarena

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Pablo Llarena

El juez del Procés Pablo Llarena. Fuente: Europa Press


La Abogacía del Estado ultima un informe dirigido a defender la jurisdicción española frente a la Justicia belga en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresident Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del Procés, Pablo Llarena.


Fuentes jurídicas han explicado que se trata de defender al poder judicial español y no tanto a un funcionario concreto y que el estudio de la Abogacía trata de adelantarse a todos los escenarios que puedan darse, entre los que se incluye la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).


La intervención del Gobierno central sería consecuencia del amparo concedido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor. Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".


Unos días después, Justicia informó formalmente de que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país y que este paso todavía no estába decidido.


Llarena pidió al CGPJ que le amparase en relación con una querella presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus exconsellers, que le acusaron civilmente ante de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.


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