​El Govern de Torra rechaza que el Gobierno se entrometa en la seguridad de Puigdemont

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Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Fuente: Europa Press


El Govern de Torra defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene que inmiscuirse en el asunto relacionado con los servicios de seguridad para Carles Puigdemont.


La conselleria de Interior ha determinado que el expresidente de la Generalitat tiene derecho a contar con escolta para sus funciones y añade que, teniendo en cuenta que corresponde a la Generalitat la dirección de los Mossos d’Esquadra, la actuación del Ejecutivo español “se debe limitar a solicitar el país receptor la autorización para el desplazamiento de agentes de la Policía de Catalunya, sin entrar en otras consideraciones jurídicas o de oportunidad”.


Así se desprende de un informe interno realizado por los servicios jurídicos de la Generalitat después de que el ministerio de Grande-Marlaska haya rechazado que el político pueda tener escolta, argumentando que ya no esninguna autoridad del Estado y se encuentra además fugado de la Justicia española, por lo que el policía que le escoltara estaría obligado a detenerle


En el escrito se recuerda que los exlíderes del Govern tienen sus derechos reconocidos en la ley catalana y que pueden disfrutar de ellos tanto dentro como fuera de Catalunya, porque no existe una limitación en la normativa, por lo que “los expresidentes pueden decidir establecer su residencia en el exterior sin que esto comporte que pierdan sus servicios”.


En este punto el documento recalca el hecho de que la seguridad que se preste en el exterior no es contraria al principio de territorialidad de las competencias de la Generalitat previsto en el Estatut, ya que la actividad de los exdirigentes “no incide en ningún ámbito material de las competencias de la Generalitat”.


Además afirma que estos no tienen consideración de cargo público y las actuaciones que llevan a cabo están consideradas “actuaciones personales de las que no se puede inferir carácter público ni tampoco, carácter general, institucional”. Por ello apunta que este servicio de seguridad lo facilita el Govern, pero “no se encuentra al servicio del Govern, sino que los escoltas están al servicio exclusivo del expresidente”.


Si bien defiende el escrito que es competencia de la Generalitat realizar las gestiones que sean necesarias para garantizar este derecho, reconoce la dependencia del Gobierno central al estar Puigdemont huido de la Justicia española en Bélgica. Según el informe, la autorización para el desplazamiento de agentes a territorio de un Estado europeo corresponde al país receptor y puntualiza que el trámite de solicitud para estas actuaciones se debe dirigir al ministerio de Asuntos Exteriores. 


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