La derecha independentista catalana vive este 27 de julio su ‘viernes negro’. Los partidos CDC y PDeCAT han sido imputados por corrupción en el ‘caso 3%’ y Oriol Pujol, exdiputado de CiU, ya tiene su sentencia firme por la adjudicación de estaciones ITV en Barcelona.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la presunta financiación irregular de CDC, José de la Mata, ha ordenado la imputación de Convergència y su heredero, el Partit Demòcrata, como personas jurídicas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El magistrado detalla en su auto que incluye al PDeCAT en calidad de investigado porque era un “mero continuador” de CDC, que, según cuenta, puso en marcha una estructura para llenar de forma ilegal las arcas de la formación, de forma encubierta y mediante donaciones a las fundaciones ligadas al partido, CatDem y Fòrum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos políticos.
Su actividad ilícita consistía, según recoge el escrito, en alterar todo tipo de concursos públicos con la finalidad de adjudicarlos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con ‘donaciones’ al partido dirigido por Artur Mas. Los pagos se obtenían a través de las fundaciones y, por ende, de CDC bien como contraprestación por parte de empresas por adjudicaciones o para lograr “mejorar las expectativas de ser beneficiados en tales contratos”.
El instructor señala que tanto los órganos como el personal de responsabilidad directiva en CDC sabían de las irregularidades en relación con la operativa de financiación y concluye que esta formación “carecía de normativa interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus fundaciones vinculadas derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donaciones”.
Según el juez, el monto total de licitaciones comprometidas ascendería por el momento a más de 218 millones de euros, mientras que las donaciones ligadas a las adjudicaciones superarían el millón de euros.
Pero no ha sido la única mala noticia para la derecha independentista catalana. Este viernes el Tribunal del Jurado de la Audiencia Nacional ha condenado en firme al exdiputado de CiU en el Parlament y llamado a suceder a su padre y a Mas, Oriol Pujol.
El político, el primero de su familia condenado por corrupción, ya tiene su pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales y hacer servir su influencia política para favorecer a empresarios afines falseando concursos para la obtención de estaciones de ITV en Barcelona.
Con esta sentencia en la mano, la Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión cuando se abra el trámite para ejecutar la condena, que todavía no tiene fecha. Por su parte el letrado de Pujol, Xavier Melero, pedirá que se suspenda y se sustituya porque ha sido castigado por tres delitos que no suman por separado los dos años.
Pujol llegó a un pacto con el Ministerio Público con la intención de librarse del jurado popular y para evitar el encarcelamiento de su mujer, Anna Vidal. El trato fue finalmente suscrito por el resto de los acusados.
Su condena asciende a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, delito continuado de soborno y delito continuado de falsedad de documento mercantil. Además, se le impone una multa de un total de 76.000 euros y la inhabilitación de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por 3 años.