​Cs pide cuentas a Marín por la multa a su gestión de servicios funerarios de L’Hospitalet

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Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet. Fuente: Europa Press


Ciudadanos exige responsabilidades al Govern de Núria Marín por la multa de medio millón de euros impuesta por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) por su gestión de los servicios funerarios de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).


El portavoz del grupo municipal naranja, Miguel García, ha criticado la gestión tras confirmarse la sanción de 500.000 euros: “El afán recaudatorio sin límites de Núria Marín le ha llevado a saltarse la ley de competencia con el objetivo de ingresar dinero a toda costa”. El concejal de Cs ha pedido a la alcaldesa “responsabilidades” por lo que califica de “una pésima gestión de un servicio público que perjudica ahora al bolsillo” de los vecinos del municipio.


García ha señalado que las arcas municipales “reciben el 12% de lo recaudado por las funerarias”, motivo por el que, según ha dicho, el PSC “alentaba prácticas monopolísticas” al entender este servicio como una “fuente de ingresos”.


Asimismo ha recordado que su formación consiguió que el pleno aprobara por unanimidad la transparencia de los servicios funerarios. “Como respuesta, el Gobierno del PSC eliminó los más económicos, lo que representó una subida del 22% del servicio más barato”, ha denunciado, y ha añadido que “votaron de nuevo en contra de recuperar estos servicios integrales más económicos cuando lo propusimos” en la sesión plenaria de febrero. 


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la multa de 1’7 millones de euros que la ACCO, órgano de la Generalitat, impuso a los cinco implicados en el monopolio funerario de L’Hospitalet en 2015 por restringir a otras empresas el acceso a difuntos de hospitales públicos y concertados de la ciudad.


Los sancionados son Àltima (800.000 euros), el Ajuntament (500.000 euros), los organismos gestores de los hospitales de Bellvitge (300.000 euros), Duran i Reynals (100.000 euros) y el General de L’Hospitalet (25.000 euros). Tras varios recursos, el TSJC ha dado la razón a la ACCO que considera que la ordenanza y el régimen de concesión obstaculizaba la libre competencia. 


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