Ciudadanos ha registrado en el Parlament una iniciativa que solicita crear una comisión de investigación sobre la gestión que hizo la Generalitat del proceso de privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la Justicia anuló.
Según el texto, el partido que lidera Inés Arrimadas recuerda que el procedimiento fue frenado y revertido por los tribunales, y asegura que podría tener un coste de "300 millones" para las arcas públicas, por lo que merece ser investigado por la Cámara catalana.
La formación naranja propone que la comisión sirva para "depurar las responsabilidades políticas oportunas" e impulsar las reformas para evitar que se repita un caso así, es decir, para evitar que vuelva a producirse un conflicto en un proceso de privatización de esta magnitud.
Cs quiere citar a los responsables políticos y administrativos que participaron en la tramitación de aquella operación, así como aquellas personas que puedan contribuir "a aclarar" todo el polémico proceso. Aunque no fija nombres concretos, ya que estos deben proponerse si la comisión llega a activarse, la operación se hizo con Artur Mas al frente de la Generalitat, Andreu Mas-Colell como conseller de Economía y Lluís Recoder de responsable de Política Territorial.
Entre otros asuntos, los naranjas quieren dilucidar por qué el Govern no paralizó la privatización cuando incluso un órgano dependiente de la administración catalana avisó de que la tramitación no reunían las condiciones necesarias para seguir adelante. Asimismo buscan que la comisión sirva también para aclarar qué impacto tendrá en los Presupuestos de la Generalitat la sentencia que frenó la privatización, después de que el Govern de Torra haya aprobado el decreto para que la empresa vuelva a ser de titularidad 100x100 pública.
Cs invoca el artículo 67.1 del reglamento del Parlament para impulsar la comisión, por lo que la creación no es automática, sino que deberá obtener el respaldo del pleno tras el verano. Si JxCat y ERC se oposieran, los naranjas podrían superar el veto con los apoyos de PSC, PP, comuns y la CUP, grupos que se han mostrado también críticos con la gestión de ATLL.
De conseguir ponerla en marcha podría ser la quinta comisión de investigación de la legislatura, una situación sin precedentes. Hasta ahora existen tres: una sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, otra sobre el almacén de gas Castor y otra sobre la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Una cuarta se encuentra en trámite: la relacionada con el presunto espionaje por parte de los Mossos d'Esquadra a políticos y demás personalidades contrarias al Procés.