La Fiscalía acusa al tribunal alemán de entrometerse en la jurisdicción española

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María José Segarra, fiscal general del Estado. Fuente: Europa Press


La Fiscalía española ha acusado al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de "incumplir el marco jurídico europeo" que regula las euroórdenes al aceptar la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sólo por malversación y no por todos los delitos por los que era reclamado, es decir, también por rebelión.


Al examinar el fondo del asunto, el Ministerio Público opina que el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles". Así lo ha manifestado en el escrito que ha presentado ante la Sala de lo Penal del Supremo para oponerse a la libertad de los procesados del Procés presos que han pedido una vez más su excarcelación.


En el texto,  la Fiscalía considera que la decisión tomada por los jueces alemanes con respecto a Puigdemont "jamás puede ser un argumento a valorar" por el TS, ya que, a su juicio, el tribunal de Schleswig-Holstein ha actuado incumpliendo "el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega".


En este sentido, recuerda que la decisión marco que regula las euroórdenes establece que "una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el Estado de ejecución -en este caso, Alemania- no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega".


"Parece que el órgano judicial alemán ha ignorado la citada previsión normativa, ya que la resolución denegatoria de la entrega por rebelión se produce tras analizar, examinar y valorar los elementos específicos que integran el delito de rebelión, en particular la concurrencia de la violencia, para concluir que en el caso concreto, pese a reconocer que ha existido violencia, considera que no se ha constatado un grado de violencia suficiente para poner en peligro el orden constitucional español", afirma el escrito.


No debe condicionar el proceso


A juicio del Ministerio Público que ahora dirige María José Segarra, la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein "no puede condicionar la mayor o menor relevancia penal de los hechos ni la concreta calificación jurídica de los mismos, cuestiones éstas que son competencia exclusiva y excluyente de los tribunales españoles".


Además de estos argumentos, se opone a la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Cuixart porque considera que las circunstancias que llevaron a su ingreso en prisión no han variado. 


En su opinión la gravedad de los delitos y la "magnitud de las penas", además de que considera que sigue habiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, "convierten la prisión provisional sin fianza en cautela imprescindible para garantizar la sujección al proceos y el normal desarrollo del mismo". 


Tal y como ya ha dicho en anteriores escritos, la Fiscalía subraya que tanto el riesgo de fuga como el de reiteración delictiva son "manifiestamente perceptibles en este caso", sobre todo por el hecho de que hay procesados en la causa que continúan fugados así como la "insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia".


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