​El juez Llarena carga contra Alemania y no quiere a Puigdemont solo por malversación

El magistrado retira las euroórdenes contra los fugados del Procés
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Puigdemont (DPA)

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Fuente: DPA


El juez del Procés, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves la extradición de Carles Puigdemont por el delito de malversación, tal y como había acordado el Tribunal Regional de Schleswig-Hosltein. El instructor carga contra este tribunal alemán por su “falta de compromiso” con unos hechos que, señala, podrían haber quebrantado el orden constitucional español.


Así lo ha decidido el magistrado del Tribunal Supremo en un auto, en el que ordena también la retirada de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional contra Puigdemont, además de otros fugados de la Justicia española como Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira o Meritxell Serret -se 'olvida' de Anna Gabriel. 


Llarena argumenta que, con su decisión, el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa y considera que no se ha realizado una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad del sospechado, esto es, la posible comisión del delito de rebelión por el que se pedía su entrega, sino que se ha abordado “el definitivo juicio de los hechos en los tipos penales”.


En este punto añade que la decisión de dicho tribunal no se sujeta a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea. A su juicio, este órgano judicial debería haberse limitado a comprobar que los hechos descritos están contemplados en la legislación penal de Alemania y si, de haberse cometido rebelión, se impulsaría una investigación penal semejante a la que se sigue en el Supremo.


El magistrado considera que este tribunal se ha extralimitado y ha señalado que lo relevante a efectos de mantener la petición de colaboración es que el tribunal de ejecución, cuando constata unos hechos que satisfacen las exigencias abstractas ante la presunta comisión de un delito penal, “ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni pueden tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales”.


Asimismo detalla que en su auto que tribunal regional estaba “obligado” a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE al no tratarse de un acto claro, al existir dudas interpretativas ante la postura del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein (solicitaba la extradición de Puigdemont por malversación y rebelión). Y además le recuerda que los procedimientos de entrega entre estados miembros de la UE se conciben como un instrumento que agiliza la cooperación judicial y que está basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas.



En lo que respecta a la retirada de las OEDE, explica que la Decisión Marco contempla que el juez que emite la euroorden puede retirarla "en cualquier momento" e indica que así lo acuerda debido a que todas las circunstancias que plantea este caso "no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional", sino que "deterioran indebidamente" los indicios de responsabilidad que recoge tanto la investigación como el auto firme de procesamiento.


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