El artículo 384 bis de la LeCRIM que busca saltarse JxCat fue aprobado por CiU
Oriol Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont en un acto de CiU. Fuente: Wikipedia/Flickr CDC
Junts per Catalunya, candidatura de Puigdemont formada por independientes y miembros del PDeCAT, heredera de CDC y ésta a su vez parte de la coalición catalanista CiU, buscan saltarse el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) justificada y aprobada en su día por Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados en marzo de 1988.
“Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”, dice este artículo que ha aplicado el juez del Procés, Pablo Llarena, contra 6 diputados catalanes procesados por rebelión.
Treinta años después, JxCat busca deshacerse de la suspensión de cargo público que en su día contó con el visto bueno de los 12 diputados de CiU, coalición entonces liderada por Jordi Pujol, para el caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los junteros están por la labor de saltarse la orden del magistrado del Tribunal Supremo pero solo en el supuesto del líder soberanista fugado de la Justicia española en Alemania, algo que ha provocado un gran desencuentro con ERC.
Ya lo dijo Puigdemont, quien en la presentación de su Crida Nacional per la República llamaba a la unidad del independentismo “renunciando a los personalismos o a las estrategias de parte”: “Los tiempos futuros pedirán que herramientas, hoy necesarias, tengan que caducar o se tengan que revisar, esto es la política”. Parece que para JxCat ha caducado el artículo 384 bis, pero solo para Puigdemont. Esto es la política.
