El primer informe de Ridao como letrado mayor cuestiona al juez Llarena y plantea el voto por sustitución

Los letrados del Parlament avalan la vía Llarena para la suspensión temporal de los diputados procesados
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Roger Torrent

Roger Torrent, presidente del Parlament. Fuente: Europa Press


Los letrados del Parlament han avalado la vía Llarena y han propuesto este lunes a la Mesa de la Cámara catalana que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo sean sustituidos por otros parlamentarios de su propio grupo en el hemiciclo. Sin embargo han tratado de esquivar la decisión del magistrado al proponer el 'voto por sustitución'. 


La Mesa, a petición del PSC, solicitó este estudio para saber cómo se tenía que aplicar esta suspensión ordenada por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del Procés, Pablo Llarena, contra Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sànchez.


Con esta decisión, los letrados consideran que se cumple el dictamen del magistrado: avalan la suspensión, pero mantienen inalterada la mayoría independentista en la Cámara y les conservan el acta, tal y como había recomendado en su auto el juez Llarena.


En su informe señalan que hay dos posibilidades. Por un lado, apuntan a la introducción de una reforma del reglamento de la Cámara para establecer un mecanismo de sustitución temporal y en este caso proponen que el sustituto sea el siguiente en la lista electoral que no haya sido elegido. Por el otro, y mientras no se haga esta modificación de las normas parlamentarias, un diputado de la Cámara del mismo grupo asumiría las funciones del suspendido en un sistema que funcionaría de forma parecida a la delegación del voto


Cuestionan al juez Llarena


Este informe supone el primero de Joan Ridao, exsecretario general de ERC que levantó las críticas de la oposición, desde que ha sido designado letrado mayor del Parlament a propuesta de Roger Torrent y con el aval de la mayoría soberanista de la Mesa. Y en él se carga contra el juez Llarena.


En las conclusiones del documento, el republicano ya deja su impronta al cuestionar la decisión del magistrado de suspender a diputados por la causa del Procés y poner en duda que una medida cautelar pueda modificar la correlación de fuerzas parlamentarias.


Consideran que la aplicación de la suspensión no puede ser mecánica sino que “requiere de una intervención de los órganos propios competentes para concretar de forma precisa la aplicación de la resolución judicial”: “La regulación del reglamento del Parlament relativa a la suspensión de los derechos parlamentarios no debe ceder ante las previsiones de la ley procesal penal, ni exceder la autonomía parlamentaria”.


Asimismo, apuntan que, según la interpretación del TC del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM), solo se puede aplicar en presuntos delitos de rebelión que hayan utilizado armas o haya casos de terrorismo, que los letrados consideran que no se han producido, por lo que la suspensión "presenta serias dudas en cuanto a su efectividad".



Además, rechazan que los diputados sean suspendidos por el artículo 25.4 del reglamento del Parlament -que establece la suspensión automática de diputados juzgados por corrupción-, ya que consideran que el término 'corrupción' que recoge este artículo del reglamento no se puede aplicar en un caso de presunta malversación.


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