Puigdemont podría ser diputado si Llarena acepta su entrega solo por malversación

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Puigdemont Parlament

Puigdemont en el Parlament durante la pasada legislatura. Fuente: Europa Press


El juez Llarena tiene que decir ahora qué hace con la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solo por un delito de malversación, tal y como ha decidido el Tribunal territorial de Schleswig-Hostein. De aceptar la entrega, el líder independentista se enfrentaría a, como mucho, 12 años de cárcel y además recuperaría el escaño de diputado al desaparecer el delito de rebelión.


Tras la decisión del tribunal alemán y a la espera de lo que diga el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del Procés, el exdirigente catalán se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años de prisión en caso de que Pablo Llarena aceptara su entrega solo por usar dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.


Según establece el Código Penal español, la pena más grave por malversación varía entre los 4 y los 8 años, pero la legislación contempla una condena agravada de 12 años si el perjuicio causado supera los 250.000 euros. Y los informes de la Guardia Civil apuntan al desvío de fondos públicos para la causa independentista por un monto que supera los 4 millones.


De cualquier forma, una vez que el tribunal alemán ha tomado la decisión y autoriza la entrega solo por este delito, es el magistrado del Supremo quien debe decidir si lo acepta o no, ya que fue él quien realizó la petición. Si dijera que sí podría darse una escena inusual: Puigdemont en el banquillo enfrentándose a una pena máxima de 12 años y sus exconsellers por más de 30 años al acumular los delitos de malversación y rebelión.


En el caso de que el expresidente de la Generalitat finalmente fuera entregado a España y enviado a prisión hasta la celebración del juicio, se produciría otra situación insólita: podría recuperar su escaño en el Parlament. Al ser únicamente acusado por malversación no podría, por tanto, ser suspendido como cargo público, ya que el artículo 384 bis de la LeCRIM se refiere a aquellos sobre los que se haya dictado prisión provisional y estén procesados por terrorismo o rebelión.


Sin embargo, el juicio por malversación podría no ser el único delito por el que Puigdemont tenga que responder ante la Justicia española. La opción de acusarle de rebelión aún estaría abierta, ya que la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE establece en su artículo 92 que 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva, ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto, siempre y cuando continúe en España.


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