Puigdemont y 5 diputados del Procés dejan de ser cargos públicos por orden del juez Llarena

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Entrevista Junqueras y Puigdemont TV3

Junqueras y Puigdemont en una entrevista con Vicent Sanchis. Fuente: TV3



Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y otros 5 diputados independentistas que se encuentran investigados en la causa del Procés dejarán de ser cargos públicos cautelarmente por orden del juez Llarena. Los afectados son Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sànchez.



El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el proceso independentista, Pablo Llarena, ha dictado un acto este martes en el que concluye la instrucción, suspende de cargo público a los políticos ya mencionados y declara la rebeldía de todos los investigados fugados, por lo que abre pieza separada sobre este asunto.


Unos 15 días después de que la Sala de lo Penal del TS confirmara el auto de procesamiento y con la resaca de la reunión de Quim Torra y Pedro Sánchez en vigor, el juez del Procés asesta un nuevo golpe al independentismo y tensa la relación Estado-Generalitat: suspensión automática como cargo público a 6 de los 7 políticos procesados que ejercen como diputados. Solo se libra de esta medida el exconseller de Salud, Toni Comín, al que se le permite recurrir el auto de procesamiento, ante sus quejas relativas a que no estaba personado en la causa.


El juez toma este camino en base al artículo 284 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) y se lo ha comunicado al Parlament de Catalunya en una resolución motivada para tratar de disipar cualquier intención de incumplir el mandato judicial. El magistrado destaca que se trata de una suspensión cautelar, por lo que podrán mantener el acta pero no ejercer como tal, algo que complicaría la débil mayoría independentista de la Cámara.


Añade que el Parlament tendría entonces la opción, si así lo decide, de sustituir temporalmente a estos diputados para así conservar su poder: “No existe ningún impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.


Por otra parte Llarena ha rechazado todas las pruebas solicitadas por las defensas y por la acusación ejercida por Vox por considerarlas reiterativas o innecesarias y da por concluida la instrucción. De este modo el instructor deja de ser competente sobre el caso y las solicitudes de nuevas diligencias o contra la suspensión cautelar pasarán a manos de la Sala de Apelaciones, organismo que ha ratificado todas las decisiones del juez relacionadas con esta causa.


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