El Supremo eleva a más de 4'7 millones el desvío de fondos públicos de la Generalitat para el Procés

La cantidad duplica ya la fianza de 2'13 millones que el juez Llarena dictó en su auto de procesamiento
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Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Fuente: RTBF


La Generalitat de Catalunya habría desviado más de 4'7 millones de euros de dinero público para la organización del Procés que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre, según los informes con los que cuenta el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que probarían la malversación.


Así lo revelan los numerosos análisis encargados por el magistrado, que arrojarían, por tanto, cifras muy superiores a los 2'1 millones de euros que Llarena ha puesto de fianza en calidad de responsabilidad civil a los 14 exmiembros del Govern procesados para cubrir la indemnización fijada en una eventual condena.


El juez decidió fijar esa fianza porque el auto de procesamiento se dictó el pasado 21 de marzo, pero la investigación no ha cesado, ya que aún no se ha cerrado la instrucción. Por tanto, si alguna de las acusaciones (Fiscalía o Vox) reclama que se incremente atendiendo a los últimos informes, Llarena podría acordarlo.


Desde que se abrió la causa, los investigadores de la Guardia Civil han ido presentando informes al instructor con el fin de acreditar los delitos por los que han sido procesados 14 exmiembros del Govern de Puigdemont, los integrantes de la antigua Mesa del Parlament y otros diputados catalanes: rebelión, malversación y desobediencia.


Si bien las primeras pruebas entregadas se centraron más en la "violencia" que, para el Instituto Armado, rodeó determinados episodios del proceso independentista, así como la desobediencia mostrada al tomar decisiones en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, en las últimas semanas Llarena ha tenido acceso a informes que podrían acreditar la malversación.


Más de un millón  medio ya pagado


La primera vez que la Benemérita hizo un pormenorizado análisis del coste que supuso la organización del Procés y la preparación del 1-O fue en un informe que se conoció el pasado 5 de junio (que se entregó al magistrado un mes antes) y en el que se acreditaba que la Generalitat comprometió 3'26 millones de euros, de los que había pagado 1'588 millones y tiene pendiente de abono 1'66 millones.


Esta cifra de 3'2 millones incluyó por primera vez los 1'3 millones de euros que se emplearon en rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el call center del referéndum. En ese documento de mayo, los investigadores exponían las cifras que se dedicaron para sufragar la campaña de la consulta y el referéndum en sí departamento por departamento del Govern de Carles Puigdemont.


Y es que, según el informe, "el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución".


En el cuadro elaborado por el Instituto Armado figuran adjudicaciones de Vicepresidencia y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cutura y el Diplocat para la emisión de anuncios, creación de campañas publicitarias, difusión en medios escritos, configuración de una página web para la campaña del 1-O, carteles publicitarios, servicio de reparto de cartas certificadas o servicios de observadores internacionales.


Gastos en los inmuebles para la votación


En el último mes, el juez Llarena ha obtenido nuevos datos que incorporar a los 3'2 millones de euros que ya estarían confirmados. Recientemente, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) ha hecho entrega del cálculo que se le encargó que hiciera sobre la "estimación del valor de uso por arrendamiento de los inmuebles cedidos o habilitados por diversos órganos administrativos para la materialización del proceso de votación".


Según esta empresa estatal perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Govern se habría gastado 900.906'70 euros en habilitar los 2.259 inmuebles que se utilizaron para el referéndum independentista.


Registro de catalanes creado para el 9N


A todo ello hay que añadir los 621.928'34 euros que la Generalitat de Catalunya invirtió en el Registro de Catalanes en el Exterior, una aplicación que ya fue creada para la consulta del 9 de noviembre de 2014 con Artur Mas como presidente y que ha ido experimentando año tras año gastos de mantenimiento. Finalmente, fue actualizada con Puigdemont al frente para la preparación del 1-O, invirtiendo otros 94.253 euros más.


Sumando los 3'2 millones de euros del primer informe, más los 900.906'70 euros del coste estimado de los centros de votación, más los 621.928'34 euros del Registro de Catalanes en el Exterior, el instructor del Tribunal Supremo habría ya acreditado algo más de 4'7 millones de euros de dinero público malversado durante el Procés.


No sólo Llarena dispone de estos datos, ya que el magistrado del Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, también investiga -desde hace más tiempo- la preparación del 1-O y a día de hoy sigue acordando diligencias. Además, el instructor del Supremo ha enviado parte de la documentación que ha ido recabando a la Fiscalía alemana, que defiende ante el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein la entrega a España de Puigdemont.


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