El TSJC rechaza enviar a Francesc Esteve, exsecretario de la conselleria de Gobernación, al juez del 1-O

El tribunal aconseja evitar la "elefantiasis procesal" de los macroprocesos
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Meritxell Borràs y Francesc reciben la querella en el Palau. Fuente: Twitter Govern


La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado remitir al Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona, que investiga el 1-O, la causa contra el exsecretario general de la conselleria de Gobernación, Francesc Esteve, por la licitación de compra de urnas.


En un auto, el tribunal estima el recurso de apelación presentado por la defensa de Esteve contra la petición de enviar la investigación contra él a este juzgado. Esta decisión se tomó puesto que no es aforado y además el juez del referéndum ilegal ya investigaba hechos considerados conexos.


Ahora el TSJC argumenta que la regla general es que cada delito dará lugar a la formación de una única causa, y que por el momento "no consta la citada conexidad, pues no obra en el testimonio elevado a este tribunal, con precisión, los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción 13, ni tampoco consta en qué se fundamenta dicha acumulación".


Considera que resulta aconsejable evitar el automatismo en la acumulación de causas y la "elefantiasis procesal" de los macroprocesos, por lo que acuerdan remitir las actuaciones contra Esteve al Juzgado Decano de Barcelona para que se reparta entre los juzgados de instrucción.


El tribunal recuerda que otros juzgados de instrucción llevan temas relacionados con el 1-O como el Juzgado de Instrucción nº9 con el exdirector general de Atención Ciudadana Jordi Graells, y el Juzgado de Instrucción nº15, que lleva la querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral.


El TSJC abrió en junio del año pasado una investigación a la entonces consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y al propio Esteve, por la licitación de compra de urnas con un valor estimado de contrato de 200.000 euros. La Sala Civil y Penal admitió la querella que la Fiscalía presentó el 16 de mayo contra ellos (y una posterior ampliación) por los supuestos de delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.


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