OPERACIÓN ENREDADERA

Ayuntamientos de Barcelona y Lleida, investigados por contratos ilegales de gestión de la policía local

Estarían implicados políticos de PP, Cs y PSOE
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UDEF Ajuntament Oviedo

La UDEF en el Ayuntamiento de Oviedo. Fuente: Europa Press


Operación contra la corrupción en ayuntamientos de toda España, entre otros en localidades catalanas de Barcelona y Lleida. La investigación se centra en el presunto amaño de contratos en la gestión policial local, entre los que se encuentran las adjudicaciones de semáforos y la administración de multas, con la empresa Aplicaciones Gespol SL. En la trama estarían implicados políticos de Ciudadanos, PP y PSOE.


La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por orden del Juzgado de Instrucción nº2 de Barcelona y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha procedido este martes al registro y requerimiento de documentación en consistorios, sedes de empresas y domicilios particulares a lo largo del territorio nacional por las contrataciones de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.


El Ministerio Público ha informado en una nota de prensa que los hechos investigados están relacionados con delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.


La investigación gira en torno a la empresa Aplicaciones Gespol SL, filial de Sacyr que a su vez forma parte del grupo Valoriza Servicios Medioambientales. La compañía, según fuentes fiscales, habría obtenido contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.


Por su parte el Juzgado de Badalona (Barcelona) ha autorizado la entrada y registros en los siguientes  consistorios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre. 


El mismo juzgado también ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación en otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.


Según la Fiscalía se prevé la detención de “diversas autoridades y funcionarios” en los diversos ayuntamientos. Fuentes de la investigación han añadido que los arrestos afectan a cargos del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE.


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